La baza de Sánchez: Europa tumbará el fallo del ‘procés’

Los indultos se han convertido en un pulso entre el Gobierno y el Tribunal Supremo, en el que Moncloa está confiada en que cuenta con una última carta bajo la manga para darle la «estocada final» al Alto Tribunal, y esa carta es nada menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ya están trabajando para allanar el camino hacia su objetivo, en la medida de lo posible. La confianza del equipo de Pedro Sánchez en que les llegará esa ayuda es absoluta. Y en el Tribunal Supremo también asumen que llegará a producirse ese escenario.

Ya ninguna de las partes tapa la intensidad del duro choque entre poderes, el ejecutivo y el judicial. El Gobierno no está del lado del Supremo ni siquiera en la batalla europea, sino de lo que espera que diga Estrasburgo. El proceso judicial contra el independentismo en su vertiente internacional no ha encontrado más que obstáculos, pero esta vez los obstáculos favorecen al interés del Gobierno de coalición.

La información del Ejecutivo también apunta a que el fallo del TEDH puede estar listo en año y medio o dos años, no es un plazo fijo, pero esta previsión abre la puerta a que pueda coincidir, según los cálculos, con las próximas elecciones generales. Y esto es con lo que sueña Moncloa: con poder acudir a estas elecciones con el aval de Europa al tortuoso camino que abren los indutos a los secesionistas.

La concentración del 13 de junio en la madrileña Plaza de Colón es sólo el principio de una carrera de fondo en la que la oposición ha decidido apretar el acelerador desde el primer momento. Pero en la travesía intervienen muchos factores que serán determinantes en la gran pregunta que circula en medios políticos, y a la que ya ajustan su estrategia todos los partidos: si los indultos determinarán el resultado de las próximas elecciones generales. Incluso más que la evolución económica.

Moncloa tiene perdida de arranque la batalla de la opinión pública, pero en esta arriesgada decisión también han medido las distintas fases por las que puede pasar el proceso, y, a las malas, la confianza la tienen puesta en Estrasburgo, un tribunal muy garantista. El espejo de Moncloa es el precedente de Arnaldo Otegi.

En enero de 2018 el Tribunal de Estrasburgo estimó la demanda del dirigente abertzale y de otros cuatro condenados en el caso Bateragune por su intento de reconstruir Batasuna. El TEDH falló que la Audiencia Nacional había vulnerado el derecho de los acusados a un juicio justo. La Audiencia los había condenado en 2011 a penas de hasta 10 años de cárcel por pertenencia a ETA.

En el caso de la sentencia del «procés», el ex consejero de la Generalitat Jordi Turull fue el primero de los nueve condenados por el Supremo que anunció su intención de acudir a la justicia europea, bajo la percha de los dos votos particulares del Tribunal Constitucional sobre la condena. En diciembre del año pasado, Turull, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, presentaron sus escritos ante Estrasburgo, después de haber agotado todas las vías internas en el Estado.

Estrasburgo preocupa al Supremo, y su informe tan severo contra los indultos se interpreta también en esta clave, en la reivindicación de la sentencia por la que en octubre de 2019 se condenó a penas de entre 9 y 13 años a Junqueras y los demás líderes independentistas por sedición y malversación.

Pero, además de este «examen» de Estrasburgo sobre la sentencia del «procés», en lo que pase de aquí a las elecciones, y en el coste político de los indultos, influirán otros factores como la posición de ERC, el funcionamiento de la «mesa de diálogo» y qué ocurre con el recurso ante el Supremo, si llega a ser viable, contra la decisión del Gobierno de seguir adelante con la concesión de la medida de gracia, a pesar de tener en contra los informes de Fiscalía y del tribunal sentenciador.

El Gobierno ya ha anunciado que prevé reunir la «mesa de diálogo» una vez que apruebe los indultos. Y la agenda de esa «mesa» será objeto de profunda discusión, con la previsión de que empiece por un análisis de todo lo sucedido hasta ahora. El independentismo habla de «revisión», en Moncloa, sin embargo, de «balance». Pero esta discusión que puede parecer menor es la metáfora de los términos en los que se sostendrá el desarrollo de esta iniciativa de negociación con el independentismo, que Sánchez pactó con ERC en el acuerdo de investidura.

La oposición está decidida a convertir este tema en asunto de cabecera, para que no muera en el debate político y mediático.

A diferencia de lo que ocurrió con la figura del «relator» y aquel intento de activar la negociación en la mesa de diálogo, coincidiendo con la negociación presupuestaria de 2019, ahora las consecuencias de esta impopular medida tendrán mucho más recorrido en el tiempo.

La reacción del PSOE, la presión de la oposición y la movilización social frenó el relator, pero en esta ocasión el Gobierno no frenará, por mucho que crezca la crítica, porque por delante tiene un escenario despejado de elecciones, e incluso de ahogos parlamentarios. No habrá Presupuestos para el próximo ejercicio, salvo sorpresa de última hora, y el Gobierno rellenará la agenda con el desarrollo del reparto de los fondos europeos y con la culminación del proceso de vacunación.

En la oposición, el movimiento de los indultos también ha obligado a un proceso de recolocación, que, de momento, ya ha ido acompañado de cambios en el núcleo del organigrama del partido más cercano a Pablo Casado. El líder popular se apunta el récord de hacer cesado dos veces, en tan poco tiempo, a la misma persona elegida como jefe de Gabinete, a Pablo Hispán. Antes ya tuvo a Javier Fernández Lasquetty, del que también prescindió al poco tiempo de asumir la Presidencia del partido en julio de 2018.