El juez rastrea pagos de los Pérez-Maura para comprar el silencio de un preso en Guatemala

El naviero transfirió un millón de dólares a la mujer de un empresario español detenido en Guatemala por pagar mordidas al expresidente del país centroamericano

El comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo Pérez a su llegada a la Comisión de Investigación de la "Kitchen" en el Congreso
El comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo Pérez a su llegada a la Comisión de Investigación de la "Kitchen" en el CongresoEUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Tándem”, Manuel García Castellón, sigue el rastro de una presunta donación de un millón de dólares que realizó el naviero Ángel Pérez-Maura al empresario español Juan José Suárez, quien permanece en prisión en Guatemala por las supuestas mordidas abonadas a las autoridades de este país centroamericano por una empresa del Grupo Pérez y Cía, según consta en un auto de 26 de mayo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Pérez-Maura está imputado en la pieza separada denominada “Pitpor haber contratado al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que este impidiera su extradición a Guatemala. Y de forma reciente, el magistrado García-Castellón también ha asumido la investigación sobre las presuntas mordidas que habrían abonado los Pérez-Maura a autoridades de este país, entre otros el expresidente Otto Pérez Molina.

Según especifica la resolución judicial, Suárez fue arrestado en este país centroamericano el 15 abril de 2016. Y fue entonces cuando hizo llegar varios mensajes desde prisión a Ángel y Álvaro, los hermanos Pérez-Maura, por diferentes medios. “Desde el primer momento asume su parte de responsabilidad en los hechos investigados en Guatemala, pero dejando siempre claro que la responsabilidad de los delitos de los que se le acusa no es solo suya”: «Es compartida, pero solo yo estoy pagando las consecuencias», especifica el auto, que incluye pasajes de las cartas enviadas desde la prisión a los navieros.

Un pacto para apoyar al preso

Ángel Pérez-Maura recibió una carta del preso español el 21 de octubre de 2016, en la que éste recordaba que está en prisión “por cumplir instrucciones sin cuestionarlas nunca”. También decía que demostraba su “lealtad renunciando, porque así me lo habéis pedido, incluso a la que sería para mí la salida más rápida de esta injusta situación”. García Castellón considera que por eso Ángel Pérez-Maura llegó a un pacto para apoyar económicamente al preso. En los abonos se implicó, por orden de los navieros, José Jiménez Molina, que se encargó de realizar transferencias de dinero a la mujer de Suárez, Alejandra Ochoa Probst.

Y por eso, en la misiva solicita que, aunque le estén sufragando los gastos durante su permanencia en prisión y le ofrezcan un empleo a su salida, le entreguen también una “justa indemnización” y que pacten dicho acuerdo por escrito cuanto antes. La reacción de Ángel Pérez-Maura, según el juez, es clara: “Alucino. ¿Esto es un chantaje puro y duro, no?”.

Retomaron la negociación

Un año después ambas partes retomaron la negociación sobre el acuerdo económico consistente en una donación de un millón de dólares, que aparece reflejado en un documento intervenido en el registro que la Policía realizó el 8 de mayo de 2019 en las oficinas de Pérez y Cía, en Madrid, firmado el 25 de abril de 2018 entre Ángel Pérez-Maura y Alejandra Ochoa Probst (en representación de Juan José Suárez)”, destaca la resolución.

Para llevar a efecto el acuerdo Ochoa Probst se desplazó en mayo de 2018 a Sofía (Bulgaria) junto con su abogado, en un viaje organizado y reservado por el también investigado Armando Mateo Flandorfer: “Con el fin de constituir una sociedad local y abrir una cuenta a nombre de la misma para recibir en ella la donación que efectuó Ángel Pérez-Maura a Juan José Suárez”, completa el instructor.

Por eso el juez acuerda citar como investigado a José Jiménez Molina, que habría actuado como intermediario por orden de los navieros, al tiempo que emite una Orden Europea de Investigación a Bulgaria para que el banco Tokuda aporte toda la documentación del ingreso del millón de dólares, según concluye el auto de 26 de mayo.