El juez sospecha que Iglesias “inutilizó” la tarjeta de Dina para impedir el acceso a su información

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el “caso Dina”, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que sostiene que Pablo Iglesias “guardó en su poder” la tarjeta de su exasesora Dina Bousselham “durante un periodo de tiempo que no ha sido posible concretar”. Y fue en este tiempo, prosigue el juez, “cuando habría podido cometerse el delito investigado [daños informáticos] sospechándose que, en un momento dado, el señor Iglesias, con ánimo de dejar la tarjeta inservible para su destino natural, procedió a inutilizar el dispositivo, impidiendo con ello tanto el almacenamiento de información, como la posibilidad de acceder y recuperar los datos allí guardados”, completa la resolución.

En el auto, el magistrado García Castellón destaca que la decisión de Iglesias de devolver “inservible” la tarjeta a su exasesora evidencia que el exlíder de Podemos “sabía que las imágenes [pantallazos] que aparecían publicadas” en la prensa digital “las envió la señora Bousselham”.

Cuando Bousselham recupera la tarjeta de manos de Iglesias, continúa el auto, “no puede acceder a su contenido porque la tarjeta no funciona”. Y para tener acceso a esta información, la pareja de la exasesora de Iglesias, Ricardo Antonio De Sa Ferreira, contactó con una empresa especializada: “Ante la gravedad de los desperfectos que presenta la tarjeta, el 29 de septiembre de 2017 a las 15:01 horas, Bethany Gilder, ingeniera de “flash triage” de la empresa declara el dispositivo como irrecuperable”, señala el magistrado.

“Extremadamente compleja”

Y como prueba de que la tarjeta estaba destruida, el auto recuerda que el 2 de octubre de 2017 un empleado de la empresa Recuperación Exprés envió un correo electrónico a Ricardo Antonio de Sa Ferreira en el que señala que “a pesar de los numerosos intentos de identificar la fuente del problema, no logramos llegar a una solución efectiva a su caso. Es obvio que se trata de una situación extremadamente compleja que requerirá una investigación más profunda y un tiempo más extendido”.

“Conviene recordar”, prosigue el auto, “que la diligencia cuestionada se enmarca en la investigación de unos hechos aparentemente constitutivos de un delito de daños informáticos que, desde la provisionalidad de este momento inicial, se habrían podido cometer por Pablo Iglesias Turrión”, dice la resolución judicial, de 7 de junio, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

“Podemos concluir que la única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del señor Iglesias, pues la micro tarjeta SD funcionaba en el momento en el que el señor Asensio [el expresidente del Grupo Zeta] se la entrega, y ya no lo hace cuando el señor Iglesias se la devuelve” a Dina Bousselham, afirma Manuel García Castellón.

Los “daños” de la tarjeta

A partir de ahí, entiende el magistrado, “es posible sostener la participación” de Iglesias “en la producción de los daños, toda vez que no consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta”.

El auto, que rechaza el recurso de reforma que interpuso el abogado de Bousselham contra la decisión del juez de pedir a la Policía que investigue cómo se destruyó la tarjeta, asegura que la diligencia “es pertinente”, y no solo porque con ella se ejecuta una decisión del Tribunal Supremo, “sino porque objetivamente guarda una conexión con el fin del procedimiento, y sirve para el esclarecimiento de los hechos investigados, en particular, si la tarjeta sufrió daños, en qué pudieron consistir estos, en qué momento se causaron, quien los pudo producir, etc”.

“Resulta llamativo constatar que el recurso se interpone por quien, a priori, se encuentra en una posición de acusación particular”, destaca el instructor, que después concluye que lo que pretende Dina Bousselham al pedir que no se investigue cómo se inutilizó la tarjeta “es evitar toda posibilidad de esclarecimiento de unos hechos con apariencia delictiva”.

En cuanto a la crítica incluída en el recurso del abogado de Bousselham, que considera que es necesaria una denuncia previa para que se puedan investigar los hechos, el juez le recuerda que el delito que se pretende esclarecer, el de daños informáticos, “no requiere de previa denuncia ni del ofendido, de la persona agraviada por el delito, por lo que no se aprecia obstáculo procesal alguno que impida el esclarecimiento del hecho aparentemente delictivo”.

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