Sánchez abre la vía para un referéndum pactado con Junqueras

Pedro Sánchez comienza a desplegar la «agenda para el reencuentro». Una iniciativa política que va mucho más allá del documento de 44 compromisos con el que viajó a Barcelona debajo del brazo a la cumbre bilateral que mantuvo con Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat, en febrero de 2020. Después vendría la única reunión de la «mesa de diálogo» entre ambos gobiernos que se ha celebrado hasta la fecha y una pandemia sin precedentes que obligó a paralizar cualquier tipo de escenificación. «Ahora la prioridad es otra, es la crisis sanitaria», respondían insistentemente en Moncloa durante esos meses aciagos. Sin embargo, la interlocución no ha parado ni en los momentos más crudos del embate del coronavirus. En diciembre de 2020, ERC aprobaba los Presupuestos Generales del Estado y daba a Pedro Sánchez la estabilidad necesaria para agotar la legislatura, la estabilidad que le había hurtado solo un año antes, cuando se forzó el adelanto electoral.

La política de gestos ha continuado a baja intensidad y se ha intensificado ahora que la vacunación encara su etapa final y la inmunidad de grupo parece al alcance de la mano. El Gobierno desplegará en las próximas semanas la iniciativa más ambiciosa de cara al desafío soberanista: la concesión de los indultos. Una maniobra política, en contra del criterio judicial –la Fiscalía y el Tribunal Supremo han emitido informes desfavorables–, de los partidos de la derecha –que se manifestarán este domingo en la plaza de Colón– y de algunos sectores incluso del propio PSOE. Desde Moncloa se apela a la «valentía» y a la necesidad de salir del inmovilismo: «No hacer nada no es la solución». Pero para este ejercicio de pedagogía en el que se encuentran inmersos desde hace días, el Gobierno necesitaba un colaborador necesario: ERC.

Desde el Ejecutivo se pidió a los republicanos que rebajaran el tono, que cultivaran también por su parte el contexto de distensión y que evitaran pronunciamientos en la línea de la reincidencia –«lo volveremos a hacer»– que no solo han sido utilizados por el Supremo y la oposición, sino que ahondan en el desgaste político que Moncloa está asumiendo al resolver positivamente la medida de gracia. El gesto llegó ayer, un «gesto significativo», como lo definen fuentes gubernamentales, en forma de misiva de Oriol Junqueras, adelantada ayer por La Sexta. En su carta, el líder republicano en prisión reniega de la vía unilateral y apuesta por «la vía del pacto y el acuerdo, la vía del referéndum acordado», porque «es la opción que genera más garantías y reconocimiento internacional inmediato». «Sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que, de hecho, nos alejan del objetivo a alcanzar», asegura.

En Moncloa, sin embargo, ponen coto a las pretensiones de Junqueras y las enmarcan en los cauces de la legalidad. Celebran el paso al frente dado por el líder independentista, pues es la primera vez que ERC rompe con la vía unilateral públicamente y opta por negociar un referéndum pactado. Esta vía del referéndum pactado sería una fórmula para buscar un nuevo encaje entre España y Cataluña que tuviera un respaldo mayoritario y no la división actual, en dos mitades, de la sociedad catalana, que ha provocado la deriva soberanista.

Financiación y competencias

En el Gobierno abogan por reconducirlo hacia una reformulación del Estatut que pueda ser avalado en las urnas y en los parlamentos español y catalán. En este nuevo Estatut se promovería la actualización de la financiación, reformando el sistema que lleva pendiente desde 2013 con mayor participación de los territorios y asegurando una justa distribución de los recursos públicos. También avanzar en la mejora de los objetivos de déficit, sin afectar a la recuperación económica, y en el cumplimiento de los compromisos de inversión, así como de la autonomía financiera y tributaria de Cataluña.

Al ámbito de la financiación se sumará también el del blindaje de competencias, en un modelo asimilable al de los «lander» alemanes, que ahonde en el modelo federal. De este modo, se quiere evitar la «conflictividad institucional», evitando acudir a los tribunales por choques de atribuciones. También se avanzará en las demandas de traspasos y la gestión descentralizada de las ayudas y subvenciones, cuando las CC AA tengan competencias ejecutivas en este sentido. En el Ejecutivo definen la votación de este nuevo estatuto como un «referéndum de conciliación» y no de independencia. No obstante, sí asumen que, una vez que se constituya la «mesa de diálogo» las posiciones serán enfrentadas y alejadas, pero creen que con estas «soluciones imaginativas», ERC podrá ir transitando la vía desde sus posiciones máximas (referéndum y amnistía) hasta otros postulados más posibilistas. «Se abre una nueva etapa», aseguran fuentes gubernamentales.

En este sentido se pronunció ayer el presidente del Gobierno. En una coincidencia que no fue baladí. Temporal con la publicación de la carta de Junqueras y física con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, con quien coincidió en un acto organizado por Foment del Treball. Sánchez abogó por «dejar de lado la dialéctica estéril» y «cambiar las amenazas por propuestas, vengan de donde vengan». «No busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones: con pragmatismo, con honestidad y con sentido común», señaló, para apuntar que «no van a ser posturas maximalistas las que nos permitan recobrar la convivencia y la fortaleza perdida que tanto necesitamos».