Una acusación apunta a Laya por la entrada de Ghali en España

Rechaza que se pueda esgrimir un fin “humanitario” y defiende la necesidad de cuantificar el desembolso de dinero público por la estancia del líder del Frente Polisario en nuestro país

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, visita a Brahim Ghali en el hospital militar de Argel en el que fue ingresado a su regreso de España
El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, visita a Brahim Ghali en el hospital militar de Argel en el que fue ingresado a su regreso de EspañaALGERIAN PRESIDENCY HANDOUTEFE

El letrado que denunció a Brahim Ghali y a los funcionarios de Exteriores o del aeropuerto de Zaragoza por falsificación documental o uso de pasaporte falso, prevaricación y encubrimiento responsabiliza al Gobierno de la entrada en España del líder del Frente Polisario por medio de lo que considera “acciones delictivas”.

En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, Rafael Lasala, el abogado Antonio Urdiales -que ejerce la acusación particular en este procedimiento- rechaza que el Ejecutivo pueda amparar su actuación en motivos humanitarios y aboga asimismo por cuantificar el coste de la estancia en España del líder Polisario para las arcas públicas.

Tras abrir diligencias de investigación el pasado 31 de mayo, el magistrado dio cinco días de plazo al responsable de la Guardia Civil en el aeropuerto de la capital aragonesa para que esclarezca en qué condiciones entró Ghali en España.

En el documento enviado ayer mismo al juzgado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la acusación sostiene que “los verdaderamente responsables de estos hechos no podrían nunca invocar la ayuda humanitaria como causa de exención de responsabilidad penal”, amparándose así en la causa de justificación del artículo 318 bis del Código Penal.

Este precepto impone una pena de prisión de tres meses a un año o una multa para quien “intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros”. Pero deja claro que no habrá delito cuando lo que se pretenda sea únicamente “prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.

Ésta es, precisamente, la justificación que ha esgrimido desde un principio el Gobierno de Pedro Sánchez para amparar la entrada en España de Ghali el pasado 18 de abril y su ingreso en el hospital San Pedro de Logroño para recuperarse del Covid.

Justificación “sesgada”

Y es que el abogado considera que la explicación ofrecida por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para “justificar la irrelevancia penal del hecho” es “sesgada”. Según defiende en el escrito, esa ayuda tiene como objetivo a inmigrantes irregulares. Ghali, recalca, “no es un inmigrante irregular asistido en frontera por funcionarios españoles por motivos humanitarios, sino un presunto genocida internacionalmente conocido y trasladado ad hoc a nuestro territorio por motivos que se desconocen”.

De haber tenido el convencimiento de que los hechos no eran delictivos por su fin humanitario -argumenta-, “no habría sido necesario adoptar toda una serie de actos de ocultamiento, ni la utilización de documentos de identidad falsos en la entrada y posterior estancia” del líder polisario en nuestro país.

Y subraya que fue el Gobierno de Marruecos, y no el español, el que desveló la presencia de Ghali en territorio nacional “tras recibir el primero, al parecer, información de los servicios secretos franceses”. Hasta entonces, señala, esos hechos “permanecieron en el más absoluto secreto por expresa voluntad del Gobierno español”.

Un Ejecutivo cuyos miembros, asegura, eran “perfectos conocedores de la situación procesal” de Ghali en la Audiencia Nacional (con una causa abierta por torturas y detención ilegal y otra por genocidio reabierta precisamente a raíz de su estancia en España).

“Abundantes recursos públicos”

“Para tan generosa acción humanitaria”, señala además el letrado -que recuerda que Ghali ingresó en el hospital de Logroño con una identidad falsa, Mohamed Benbatouche-, “se afectaron abundantes recursos públicos y atenciones innecesarias, que deberán cuantificarse en el momento procesal oportuno”.

Estos hechos, en su opinión, suponen la comisión de delitos de malversación y falsedad en documento oficial, ya que considera “obvio” que al encontrarse “prácticamente en coma” a su llegada al centro hospitalario “difícilmente pudo hacer uso, mediante entrega al personal del hospital, de un documento de identidad falso que no pudo ser otro que un pasaporte diplomático u ordinario”.

Para la acusación, existen indicios suficientes de que “la entrada en España y su posterior traslado a Logroño fue fruto de un acuerdo previo” entre el propio Ghali, sus acompañantes y las autoridades españolas “o bien entre la/s autoridades españolas y las argelinas”. “Argelia y España prepararon con bastante antelación el traslado del Jefe del Estado de la RASD ( República Árabe Saharaui Democrática), presentándolo como un pobre inmigrante que precisa de ayuda humanitaria, garantizándose así la irresponsabilidad penal de los autores y encubridores”, denuncia.

“No es un documento de viaje válido ni eficaz”

El abogado, que incorpora a su escrito diversas informaciones publicadas en “El Heraldo de Aragón”, vincula incluso ese supuesto “acuerdo de asistencia sanitaria” a Ghali, “suscrito o pactado verbalmente entre Argelia y España”, a los acuerdos sobre el suministro de gas a nuestro país suscritos el pasado octubre, que considera “la clave de por qué desde su entrada a España por Zaragoza, el denunciado y su séquito gozaron de protección y toda clase de medios dispensados por las autoridades españolas”.

Si, como parece, Ghali entró en España con pasaporte diplomático, como jefe de Estado de la RASD, la acusación recuerda que “no es un documento de viaje válido ni eficaz y por tanto admisible en ningún procedimiento administrativo o judicial”, ya que ni España ni la UE reconocen a la República Saharaui. De ahí que, subraye, “España no puede aceptar el llamado pasaporte diplomático que emite la RASD”.

El abogado, casado con una mujer de origen marroquí, se queja de que miles de marroquíes residentes en España han resultado perjudicados por la actuación del Gobierno y la consiguiente crisis migratoria en la frontera con Marruecos “en favor de un personaje (no de un inmigrante irregular) que tiene a sus espaldas, pese a lo que diga la Audiencia Nacional, cientos de víctimas civiles españolas”.