Sánchez quita ahora presión a Felipe VI y olvida la Ley de la Corona

La puerta la abrió el propio Pedro Sánchez cuando, en la rueda de prensa de balance de final del año 2020, avanzó que el Rey estaba «trabajando», con el apoyo de Moncloa, en una «hoja de ruta» basada en la «renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad».

El presidente del Gobierno fue deliberadamente ambiguo e impuso prudencia al proceso. «Paso a paso», dijo a las preguntas de los periodistas que demandaban mayor concreción. En el imaginario de todos se ubicó una suerte de Ley de la Corona, sin embargo, en el Gobierno cierran la misma puerta que pareció entornar Sánchez entonces.

En Moncloa se muestran taxativos sobre este asunto. «No se puede abrir ese melón», señalan fuentes gubernamentales a LA RAZÓN, que exponen que hacerlo sería tanto como convertir el debate «en un referéndum sobre el modelo de Estado: entre Monarquía o República».

Algo que no quieren en ningún caso, pues supondría fisurar el Gobierno de coalición, por uno de sus flacos más débiles y de mayor tensión con sus socios dentro y fuera de la coalición. «Sería imposible frenar a Podemos», asumen las citadas fuentes, que ven inviable, además, circunscribirlo a determinados aspectos puntuales como la inviolabilidad (artículo 56.3 de la Constitución) o la prevalencia sucesoria del hombre sobre la mujer (artículo 57.1).

Por su parte, en el partido morado ultiman su propia Ley de la Corona, en la que quieren establecer un mayor control sobre las cuentas y los discursos del Monarca, para que no se repitan «posicionamientos políticos» como los que, en su opinión, dirigió el Rey en su alocución a los españoles del 3 de octubre, tras el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.

La normativa no cuenta con el apoyo de los socialistas, por lo que está abocada al fracaso, y amenaza con reabrir la brecha que se creó con las posiciones enfrentadas en el Congreso sobre las comisiones de investigación al rey emérito.

Sin visos de que prospere una legislación en este sentido, lo que sí está sobre la mesa es una serie de reformas puntuales, a iniciativa y pactadas con Zarzuela, que permitan avanzar en un proceso de «renovación, ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas».

Gobierno y Casa Real avanzan de la mano en esta cuestión, pero desde Moncloa dejan muy claro que es el Rey quien «marca el paso y los tiempos».

«Las cosas de Palacio van despacio», resumen, recurriendo al mítico refrán, mientras que en Zarzuela se desligan del ritmo frenético que marcan la política y los medios. En todo caso, desde el Ejecutivo sí avanzan que habrá «gestos» de Zarzuela en sus «normas internas». «Quizá no serán todo lo ambiciosos que cabría esperar, pero sí serán una muestra del compromiso y el rumbo con que quiere dirigirse la Jefatura del Estado, hacia una Monarquía del siglo XXI», aseguran las citadas fuentes.

Entre las posibilidades que se barajan y que encajan con esta voluntad de dotar de mayor transparencia y ejemplaridad estaría una reforma en la ley de Presupuestos para establecer un mayor control sobre las cuentas de la Casa Real, de manera que se arrojara luz sobre algunos gastos que a día de hoy no pueden ser controlados por las Cortes.

Otro de los aspectos sobre los que el propio Sánchez se ha mostrado dispuesto a avanzar es la revisión de la inviolabilidad del Rey y circunscribirla únicamente a su ámbito de actuación como jefe de Estado. En todo caso, más allá de la opinión del Gobierno, el hecho de que cualquier movimiento sea pactado con Zarzuela deja a Felipe VI la última palabra.

Esta circunstancia hace, además, que se rompa la dinámica de bloques ideológicos que existe en el Congreso de los Diputados. Porque si bien fractura la mayoría del Gobierno de coalición y de la investidura, el hecho de que las reformas vengan avaladas por la Casa Real garantiza el apoyo de Pablo Casado, que ha trasladado su apoyo a los socialistas y que, junto a Vox, han servido de muro de contención a los intentos de los socios de Sánchez de erosionar a la Monarquía en su momento de mayor debilidad institucional. Ciudadanos también aboga por la defensa de la institución ante los intentos de algunos partidos de izquierda de «socavar» la Constitución de 1978.

En todo caso, la postura oficial del Ejecutivo es de defensa cerrada de la institución, negándose incluso a la retirada a Don Juan Carlos del título de rey honorífico, que recibió el monarca tras abdicar, a pesar de la presión de los partidos de la oposición en este sentido. En el Ejecutivo aseguran que «están trabajando para que 42 años después de la llegada de la democracia a nuestro país, la Corona se adecúe a estándares éticos más exigentes».