La estatua del comandante Franco en Melilla se reclamará por la vía penal

La Plataforma Millán Astray acudirá a la vía penal con el acta municipal que demuestra que la estatua de Franco se hizo en memoria de “sus años de guerra en África”, e incluso se plantea intentar que “se inhabilite a los responsables” de la retirada de la efigie, que aprobó la Asamblea de Melilla el pasado febrero.

Tal como adelantó este periódico, un documento aprobado en comisión permanente por el Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma en 1977, certifica que el monumento en memoria del comandante Franco no incumple la normativa de la Ley de Memoria Histórica.

Como indica Luis Felipe Utrera-Molina, abogado y portavoz de la familia Franco, “el acta demuestra sin lugar a dudas la ilegalidad del acuerdo de retirada porque no tiene encaje” en la normativa. Recuerda el letrado que “la estatua se erigió en recuerdo a la actuación del comandante Franco en la liberación de Melilla del asedio de las tropas de Abd El Krim en 1921, por lo que no puede considerarse que implique exaltación de la Guerra Civil o del régimen que surgió después”.

Guillermo Rocafort, secretario de la Plataforma Millán Astray, es consciente de la importancia del hallazgo del acta, fruto de su empeño a través del Portal de Transparencia. “Vamos a ir a por todas, porque entendemos que lo han hecho a conciencia de su injusticia”, asegura a LA RAZÓN.

La entidad sospecha además que la operación “pudo hacerse sin proyecto de obras” y asegura que “no están todas las autorizaciones”, puesto que han reclamado la documentación pertinente también a través del Portal de Transparencia y la respuesta no ha sido la que esperaban.

Desde la Consejería de Cultura, “acerca de la licencia de obras, los permisos pertinentes y la información sobre la empresa que procedió a la retirada” se les ha indicado que “deben dirigirse a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que fue la encargada de acometer la retirada y posterior traslado de la estatua”.

Denuncia Rocafort que “nos están negando los permisos y se están pasando esta patata caliente de unos a otros”, cuando la ley estipula que tendrían que ponerse de acuerdo entre consejerías e informar al ciudadano.

En concreto, el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, dice que “si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”.

Mientras, la representación legal de la Plataforma se está proveyendo de las “pruebas precisas para inhabilitar a los responsables”.

Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) interpuso el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 22 de febrero de 2021 de la Asamblea de Melilla. Un acuerdo que aprobó la retirada de la estatua del comandante Franco de la vía pública en “aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre”, llevándose a cabo dicha retirada “deprisa y corriendo” al día siguiente, “antes de culminarse legalmente el procedimiento y antes de que se publicara dicho acuerdo en el Diario Oficial”, denuncia la entidad.

El recurso que la FNFF presentó “por razones de justicia y legalidad”, sigue tramitándose en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Melilla, el cual, “ante el incumplimiento” por parte de la Asamblea de Melilla a los requerimientos para que complemente el expediente administrativo, “ha reiterado a la Administración para que cumpla con lo ordenado o, en su caso, certifique el funcionario o secretario que haya autenticado el expediente los documentos requeridos” (que han de formar parte del expediente) si “existen o se han omitido, todo ello bajo la responsabilidad del jefe de la dependencia administrativa”.

“A fecha de hoy”, señalan desde la Fundación Franco, “la Asamblea de Melilla sigue sin cumplir lo ordenado por el juzgado”.

Mientras, la FNFF ha presentado un escrito “oponiéndose a una pretendida acumulación de este recurso con el que conoce otro juzgado”, que se inició por la impugnación del acuerdo para la retirada de la estatua por parte de la Plataforma Millán Astray.

La Fundación Franco asegura que “no se detendrá ante el uso torticero y sectario de la nefasta Ley de Memoria Histórica”, que “no contempla en su articulado los hechos históricos ajenos a la Guerra Civil, como es el caso”.

Fuentes de la FNFF señalan que “es indudable que la estatua al comandante Franco” no forma parte de “un homenaje a un militar que quince años más tarde [del episodio que rememora], en unión de la mitad del ejército y de más de la mitad de los españoles, encabezó un alzamiento y ostentó la jefatura de un régimen dictatorial, sino que se honra y reconoce la actuación cumplida por Franco en la primera proeza de la Legión, un hecho militar que posibilitó de manera indudable que Melilla, acosada por las cabilas de Abd El Krim que acababan de triunfar en Annual, conservara su españolidad y la paz y tranquilidad para sus habitantes”.