La Guardia Civil concluye que los CDR detenidos formaban “una organización criminal con finalidad terrorista”

La Guardia Civil considera que los trece investigados por su pertenencia al Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más radical de los Comités de Defensa de la República (CDR) desmantelada en septiembre de 2019, integraban una “organización criminal con finalidad terrorista”. Una consideración que puso en duda la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así lo asegura un informe del Servicio de Información del Instituto Armado en Cataluña del pasado 20 de mayo -remitido al juez de la Audiencia Nacional Manual García Castellón- en el que señala que fue el denominado “CNI catalán” el que encomendó a esta ramificación violenta de los CDR el asalto al Parlament como respuesta a la sentencia del “procés”.

En el informe de 103 páginas -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, la Guardia Civil determina que el ERT del que formaban parte los investigados (siete de los cuales llegaron a ingresar en prisión preventiva y cuya libertad fue reclamada en el propio Parlament por JxCat, ERC y la CUP) “fue conformado por individuos pertenecientes a diferentes Comités de Defensa de la República quienes, a través de su participación en diferentes acciones promovidas por dicha entidad, demostraron un especial compromiso, radicalidad y predisposición al empleo de medios violentos”. En la línea de lo que mantienen tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como Acvot, la asociación catalana de víctimas del terrorismo, que ejerce la acusación en el procedimiento.

El ERT era, en definitiva, el encargado de llevar a cabo “las acciones más sensibles, siguiendo la línea estratégica de los CDR” (cuyos cometidos iban más allá de garantizar la celebración de referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017), unas actuaciones que requerían “un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución”. Su objetivo, precisa, era “subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada”.

Elaboración de explosivos

Asimismo, añade, “las actividades ilícitas” que se les atribuyen (que incluyen la elaboración de explosivos) “atendían a una finalidad única, que no era otra que la de coadyuvar a la independencia del territorio de Cataluña”. Era precisamente su pertenencia a los CDR así como su “activismo y significación política” lo que constituía “el elemento ideológico cohesionador” entre los imputados.

De hecho, la Guardia Civil atribuye una “labor fundamental” a los ERT (compuesto de un equipo “productor” encargado de fabricar los explosivos y otro “ejecutor” cuyo cometido era llevar a la práctica los planes de atentar) “en la planificación del asalto, ocupación y defensa del Parlament de Cataluña”. “El ERT recibe y acepta del colectivo clandestino denominado “CNI catalán” a través de la persona de Xavier Buigas” -considerado por el instructor el segundo integrante con mayor peso dentro de la supuesta organización criminal y cuyo cometido era coordinar a ambos equipos- “el encargo de participar en el asalto, ocupación y defensa del Parlament de Cataluña llegado el denominado día “D”, con la finalidad de producir un efecto desestabilizador en el Estado español”.

Aunque la fecha de ese planeado asalto no se ha podido determinar, la autora del informe apunta que “podría haber tenido lugar con ocasión de la publicación de la sentencia” del “procés”, “momento en el que, a la postre y una vez neutralizado el entramado investigado, se produjeron violentos y graves disturbios a lo largo del territorio catalán”.

Buigas, explica, trasladó inicialmente a los integrantes del ERT “una serie de cometidos enmarcados en la disposición de una red de comunicaciones segura, así como otras funciones a realizar en el entorno del Parlament”, aunque la investigación ha puesto de manifiesto que posteriormente aquéllas se ampliaron “con cometidos de mayor virulencia”.

Reunión clave en Barcelona

Aunque la Sala de lo Penal también cuestionó que los investigados llegaran a fabricar explosivos, la Guardia Civil hace hincapié en que durante una reunión celebrada en Barcelona el 29 de abril de 2019 se transmitió a los investigados “la necesidad de elaborar sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas al objeto de llevar a cabo acciones contra diferentes objetivos”. Con ese fin, llevaron a cabo diferentes “cometidos preparatorios”. En primer lugar, se coordinaron supuestamente para servir de “correa de transmisión de las instrucciones que, desde escalones superiores como el mentado CNI catalán, se dirigían hacia los integrantes del ERT para realizar sus funciones”. Unos cometidos entre los que se encontraban “el establecimiento de contactos y encuentros” con “otros núcleos productores de sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas”.

Los imputados, continúa el relato de la Guardia Civil, se hicieron con los materiales necesarios para la realización de “síntesis químicas para la obtención de sustancias deflagrantes y/o incendiarias como el agente “termita”, así como de sustancias explosivas como el hexógeno, el nitrato de amonio, la Tetralita, la nitrocelulosa, la cloratita, el amonal, el amosal o el Anfo”.

Para el Instituto Armado no hay duda de que los miembros de los CDR detenidos “contaban con los agentes precursores necesarios, los manuales detallados, los datos y formulaciones manuscritas correctas y el material del laboratorio necesario para la síntesis de los compuestos explosivos señalados”.

Dos “laboratorios caseros y clandestinos”

De hecho, recuerda que contaban con dos “laboratorios caseros y clandestinos” -uno en Sabadell y otro en la localidad de Sant Fost de Campsentelles- en los que acumularon de los materiales precisos de destilación y de protección “para la síntesis de las anteriores sustancias”.

En los registros de ambas viviendas, subraya el informe, “se hallaron evidencias que demuestran como los investigados habían conseguido una elevado grado de eficiencia en la obtención del agente “termita”, del que se hallaron varias muestras preparadas para su empleo, conservadas en contenedores estancos en los que los distintos componentes, repartidos conforme a una determinada proporción, mantendrían sus propiedades en condiciones idóneas hasta su empleo”.

Fue en la vivienda de Sant Fost de Campsentelles donde “se realizaban ensayos y experimentos de la síntesis de los productos, haciendo la zona ajardinada las veces de campo de pruebas para la ignición de los distintos compuestos químicos elaborados, al reunir unas especiales características de aislamiento”.

La Comandancia de Barcelona, objetivo

Pero los integrantes de la presunta organización dieron un paso más y recabaron también información sobre “las medidas de seguridad, accesos, entorno y condicionantes” de diferentes instalaciones y “objetivos críticos y sensibles”. Entre ellos, la Guardia Civil señala dos expresamente: la “intensa labor” que llevaron a cabo sobre el dispositivo de seguridad de los Mossos en el entorno del Parlament con ocasión de la Diada de 2019 y el que llevó a cabo uno de los investigados respecto al perímetro de seguridad del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona.

Entre los investigados -se insiste en el informe- existía un reparto de funciones y unas relaciones de coordinación, para las que se servían de grupos de mensajería instantánea. “El grupo contaba con un sistema de toma de decisiones mixto”, recalca la Guardia Civil. “Por una parte, recibían instrucciones provenientes de escalones superiores y transmitidos por aquellos sujetos que realizaban labores de dirección y coordinación” y, por otra, “gozaba de cierta autonomía a la hora de determinar la forma en la que se llevarían a cabo determinados cometidos”.

“Los CDR se han conformado como una organización criminal, cumpliendo escrupulosamente todos los elementos8 requeridos para ostentar tal consideración”, deja claro la Guardia Civil. Y apuntalando los rasgos característicos de ese supuesto grupo criminal, sostiene que presentaban “una elevada cohesión favorecida por la común pertenencia previa a los CDR, que permitía que todos sus integrantes persiguieran una misma finalidad en sus acciones” y que compartieran “un sustrato ideológico relativamente homogéneo y favorable a la obtención de la independencia catalana a través de un activismo radical”.

Del mismo modo, mantenían “estrechas vinculaciones con su CDR de origen, siendo habitual la participación de ellos en algunas de las actividades organizadas en dicho ámbito” y el grupo tenía “vocación de permanencia en el tiempo, siendo prueba de ello la constitución del mismo a finales del año 2018 y las intensas relaciones existentes entre sus integrantes hasta el mismo momento de las detenciones”.

Políticos vigilados

El informe de la Guardia Civil también atribuye a los detenidos varias búsquedas en Internet de “posibles objetivos” entre diferentes personalidades contrarias a la independencia de Cataluña, entre los que figura el líder del PP, Pablo Casado.

Los agentes constatan que Jordi Ros Solà realizó diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

Estos búsquedas, según la Guardia Civil, “tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes”. El informe detalla que entre ellos figura Casado en una consulta que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2019 con un teléfono móvil de la marca Asus intervenido en el domicilio de Jordi Ros en Sabadell.

Además de sobre Casado, este integrante de los CDR integrado en una célula (ERT) para cometer acciones encaminadas a lograr la independencia de Cataluña realizó búsquedas en Internet sobre Manuel Valls, entonces concejal del Ayuntamiento de Barcelona o José Manuel Villegas, exsecretario general de Ciudadanos.

En la lista aparecen otras personalidades: Marta Morell Albaladejo, concejal del Ayuntamiento de Sabadell; Marta Farrés Falgueras, alcaldesa de Sabadell; Joan López Alegre, que fue diputado por el Partido Popular en el Parlament; Francisco Aranda Vargas, diputado del PSC en el Congreso de los Diputados por Barcelona y Carles Hernández Vilamajo, intendente de la BRIMO de los Mossos d’Esquadra.

La Guardia Civil añade que se han incautado “evidencias de anotaciones” referidas a personas y las matrículas de sus vehículos de personas “ideológicamente contrarias a la independencia”, reseñando los casos de Antonio López Pérez y Annerose Bloss.

El informe de la Guardia Civil atribuye a los detenidos la intención de cometer “atentados”. Sobre Jordi Ros apunta que se han obtenido “una gran cantidad de datos e informaciones que ponen de manifiesto sus actividades en el marco de la obtención de informaciones sobre posibles objetivos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

De Ros añade que desarrollaba una labor de “reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivos predeterminados”. En las fotografías de los objetivos seleccionados, se recogen determinados aspectos de las instalaciones, como accesos, cámaras de vigilancia, localización de torres eléctricas (entre otros), agentes policiales y placas de matrículas de vehículos policiales.

Ese control se estableció sobre el Parlament de Cataluña y otras instalaciones como torres de alta tensión, instalaciones de autopistas y peajes, así como la Delegación del Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Comandancia Naval de Barcelona, el Gobierno Militar de Barcelona, además de la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil.