La Audiencia sienta en el banquillo a Jordi Pujol y a sus hijos y reclama 7,5 millones de fianza al primogénito

La familia Pujol, al banquillo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos por integrar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su predominante posición política. Además, da diez días al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para que que deposite 7,5 millones de euros (400.000 en el caso de su ex mujer Mercé Gironés) para cubrir posibles responsabilidades civiles. La Fiscalía pide 92 años de cárcel en total para la familia Pujol.

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la esposa del ex president,Marta Ferrusola -a la que apartó de la causa por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico que ratificaba que padece un demencia severa-, así como a otras once personas, entre ellas la propia Gironés y varios empresarios. Todos ellos seguirán en libertad a la espera de que se celebre el juicio, pues el magistrado no ve necesario la imposición de medidas cautelares para asegurar su presencia en las sesiones de la vista oral.

La Fiscalía -que pide nueve años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su primogénito- imputa a los procesados delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. La Abogacía del Estado, sin embargo, no acusa al ex president y solo dirige su acción penal contra Jordi Pujol Ferrusola (para quien reclama una condena de 25 años de prisión), su ex esposa y uno de sus hermanos, Josep Pujol Ferrusola.

Adjudicaciones corruptas

Anticorrupción pide una condena de nueve años de cárcel para Jordi Pujol –en su caso por asociación ilícita y blanqueo– y penas de ocho a 29 años para sus siete hijos. Según el Ministerio Público, «actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».

Según el relato de la Fiscalía, el ex president acordó con Marta Ferrusola «que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus hijos» en Andorra. Y decidieron que fuera su hijo Jordi quien «gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia».

Según Anticorrupción, Jordi Pujol «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» a través de la cual el propio ex president y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC». Unos beneficios supuestamente ilícitos que se ocultaron a Hacienda y afloraron después «mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años».

En su auto de procesamiento, el juez José de la Mata concluía que la familia Pujol Ferrusola aprovechó “su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios”, entre 1992 y 2014, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”.