Sánchez retrasa la «mesa» con ERC hasta septiembre

La salida del Govern de la Generalitat de la parálisis política, en la que ha estado inmerso desde que Quim Torra fuera inhabilitado en septiembre de 2020, permite a Moncloa recuperar la “agenda catalana” que Pedro Sánchez tenía previsto desplegar para intentar resolver el “conflicto político” en Cataluña. Desde que el PSOE llegara al poder en 2018, el presidente ha apostado activamente por el “reencuentro” y por superar la época de “judicialización”. En parte, por la vocación de cerrar la importante brecha abierta entre catalanes en 2017; en parte, por la dependencia que Sánchez tiene de los partidos independentistas, que favorecieron su llegada a Moncloa y que le sostienen desde entonces. Tan frágil es ese equilibrio, que el Gobierno convocó anticipadamente las elecciones en 2019 ante la negativa de ERC a aprobar unos Presupuestos que dieran continuidad a la legislatura.

La repetición electoral de ese año tuvo varios efectos, entre ellos, el fortalecimiento de Vox. Con la lección aprendida, hubo una recomposición de la mayoría de la investidura, que se tornó más compacta si cabe y un cambio de actitud de los republicanos. Apostando por una actitud más pragmática, ERC aprobó, esta vez sí, en diciembre de 2020 los Presupuestos que permitirían a Sánchez agotar la legislatura. En Moncloa comienzan ya a trabajar las cuentas para 2022 con la inyección de fondos europeos que comenzará a llegar a partir de julio.

En paralelo a enfocar la legislatura hacia la recuperación económica -recepción de los fondos europeos- y la superación de la crisis sanitaria -fin de la obligatoriedad de las mascarillas en exterior y avance en la campaña de vacunación-, el Gobierno quiere avanzar en su agenda del reencuentro con Cataluña. En el corto plazo, antes del verano, se producirá el primero de estos hitos y, quizá, el más significativo: la concesión de los indultos. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de la medida de gracia es inminente: podría llegar en la próxima reunión o en la de la semana siguiente, y será anterior a la reunión que Sánchez y Pere Aragonès tienen previsto compartir en la Moncloa este mismo mes de junio.

El encuentro que ambos presidentes compartirán será clave para fijar el avance del diálogo y la reunión de la mesa bilateral entre gobiernos. Sin embargo, si bien fuentes gubernamentales consultadas por este diario dan un carácter decisivo a la cita entre Sánchez y Aragonès para desbloquear la interlocución entre Estado y Cataluña, no creen que esto se vaya a producir en el corto plazo. Las citadas fuentes no prevén que la “mesa de diálogo” se reactive antes del verano –entendido como el descanso estival de agosto-, sino que se producirá ya en septiembre. En primer término, porque en Moncloa ven “muy apretada” la agenda de julio. Entre otras cuestiones, Sánchez defenderá los indultos en el Congreso de los Diputados o convocará la Conferencia de Presidentes, nueve meses después de su última reunión, para tratar con ellos el plan de recuperación, transformación y resiliencia de España al que este miércoles ha dado luz verde Bruselas.

En segundo término, porque en el Ejecutivo siguen sin ver clara la posición de Junts sobre la “mesa de diálogo”. En febrero de 2020 se sentaron a regañadientes y, desde entonces, han tratado de dinamitarla desde dentro. Por esta razón, en Moncloa creen que antes de volver a sentarse, ERC tiene que “poner en orden” su Govern, algo que les parece complicado. Además, el propio Aragonès ha reconocido que, con carácter previo a reunir la mesa, quiere hacer lo propio con los partidos catalanes. También quedará por dilucidar la composición de las delegaciones. Por parte de Moncloa se hará ya con los cambios acometidos en el Gabinete, tras la remodelación que llevará a cabo el presidente, y se recela de la presencia de Oriol Junqueras. Desde el Gobierno no le vetan directamente, pero remarcan que no forma parte del Govern y creen que si ERC decidiera incluirle –a nivel simbólico- sería tanto como una “tutela” a Aragonés.

En el medio plazo se ubica también la reforma del delito de sedición en el Código Penal. La modificación será también tras el verano, como ya publicara este diario, y los márgenes temporales se amplían ya desde el Ejecutivo a aprobarla “a lo largo de la legislatura”. Los apoyos para sacarla adelante, se necesita una mayoría absoluta de apoyos, están todavía muy verdes, aunque partidos independentistas imprescindibles, como ERC o el PDeCAT, ya han avanzado que la apoyarían. En el largo plazo se ubica otra de las apuestas ambiciosas para solucionar el “conflicto político”, un referéndum sobre un nuevo Estatut que sea votado por los catalanes con mejoras en financiación y competencias, pero siempre dentro de los límites que marca la legalidad.