El Consejo de Europa apoya los indultos y pide reformar el delito de sedición

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha avalado este lunes la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics en la que se invita al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del “procés” e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Pese a las enmiendas presentadas por el PSOE, finalmente la resolución de Cilevics, en base a su informe ‘¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?’, ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. El diputado letón ha insistido en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron “desproporcionadas”.

El texto aprobado, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del “procés” y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que “considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos”.

Asimismo, se plantea a las autoridades españolas que “se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos”.

El PSOE había pedido expresamente suprimir este punto. “Esto no puede hacerlo el Gobierno porque es una competencia judicial” y por tanto “sería contrario a la independencia del poder judicial, a la separación de poderes”, ha defendido el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones. “El Gobierno no puede incumplir una sentencia o una resolución judicial”, ha recalcado.

Tampoco han prosperado las enmiendas formuladas por el PP, que ha insistido en que los políticos independentistas no fueron condenados por ejercer su libertad de expresión sino por sedición y malversación de fondos públicos tras un juicio con todas las garantías.

“España es una democracia sólida, un país descentralizado con tribunales independientes y cuya realidad es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que se muestra en este informe”, ha defendido el diputado popular Pablo Hispán.

Asociaciones judiciales reclamaron al Gobierno que impidiese su publicación

Tres de las cuatro asociaciones judiciales -la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- habían reclamado al Gobierno que impidiese que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobara esta resolución.

Estas asociaciones subrayaron además que las afirmaciones que se vierten en el documento ignoran “los hechos probados que se establecen en la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con escrupuloso respeto a todas y cada una de las garantías de un proceso justo” y que, recuerdan, ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional, que avaló que no se vulneró el derecho a la libertad de expresión e ideológica de los condenados, algo que “da por supuesto en el proyecto de declaración”.