La Audiencia rechaza una extradición a Rusia por el “peligro” de que no haya un juicio justo

La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Rusia de un ciudadano de ese país, reclamado para ser juzgado por estafa, ante el “peligro” de que no sea sometido a un juicio justo.

Así lo ha acordado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal del citado tribunal, con el criterio en contra de la Fiscalía, en una resolución en la que en respaldo de su decisión los magistrados esgrimen sendas negativas de tribunales de Reino Unido e Italia a entregar a Rusia a dos ciudadanos investigados en la misma trama con la que se vincula a Sergey Tarasov, de 46 años, quien fue detenido en diciembre de 2020 en Barcelona y se encuentra en libertad desde el pasado día 18.

Rusia había emitido dos años antes, en diciembre de 2018, una orden internacional de detención contra Tarasov por fraude de activos y bienes (en España estafa agravada), castigado en su país hasta con diez años de cárcel.

Esas dos decisiones, argumenta la Audiencia, revelan “la situación de peligro que se crea para el respeto de los derechos fundamentales de la persona reclamada” tanto por “las relaciones de poder existentes entre determinados miembros y grupos de poder de la Federación de Rusia” como por la “vulnerabilidad a las posibles presiones políticas de los jueces”. Sombras procesales sobre el proceso que, subraya, “ponen en tensión” el derecho fundamental a un juicio con todas las garantías”.

“Influencia y presión sobre el juez”

En una de esas decisiones, el Tribunal de Magistrados de Westminster denegó en agosto de 2017 la extradición de Georgy Nikolaevich Shuppre, familiar del multimillonario empresario ruso Boris Berezosky, enemistado “gravemente” con Vladimir Putin tras haber tenido ambos una estrecha amistad. Y lo hizo ante la convicción de que, en caso de entrega, su causa se decidiría “por la influencia y la presión sobre el juez para que emitiera una sentencia condenatoria”, por lo que Shuppe sería sujeto “a un proceso judicial flagrantemente injusto”.

La segunda resolución, de diciembre de 2017, fue dictada por la Corte de Apellazione di Génova en el “caso Nekrich”, quien ocupaba supuestamente “una situación preponderante” en la trama delictiva a la que pertenecería Tarasov y cuya extradición se rechazó ante la endeblez de los indicios esgrimidos por Rusia. En definitiva, ambos tribunales se negaron a la entrega al concluir que los reclamados serían sometidos a un proceso que no garantizaría sus derechos fundamentales.

Temor a “represalias”

Tarasov denunció en la vista de extradición “las irregularidades existentes en el proceso” y manifestó su “temor a sufrir represalias” si volvía a su país.

Para la Sala, la postura favorable a la entrega de la Fiscalía obvia la tensión que se considera “inaceptable” por ambos tribunales europeos del derecho a un juicio justo, un derecho fundamental de relevancia en el ordenamiento jurídico europeo y también en el orden constitucional constitucional español, “que obliga por ello asimismo al tribunal”.

Y recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la obligación de garantía de los tribunales españoles ante posibles situaciones de riesgo para el ejercicio de esos derechos.

Por ello, la Audiencia considera que esas resoluciones y las manifestaciones del propio reclamado “acerca de la génesis del procedimiento”, así como la existencia de “incongruencias procesales” en su imputación, abonan ese “temor racional y fundado” de Tarasov y su defensa de que se vulneren sus derechos fundamentales si finalmente fuese entregado a Rusia.

Y aunque al reclamado se le atribuya “un papel subordinado” en la supuesta trama, la Sala precisa que eso no disminuye los “riesgos que planean sobre el proceso” en cuanto a la protección de sus derechos.

En la vista de extradición, Tarasov se negó a ser entregado a las autoridades de la Federación Rusa y su defensa calificó de “falaz” el procedimiento contra él, poniendo de manifiesto su temor a que su derecho a un juicio justo pudiese estar “en peligro” por el “contenido político” de la causa. De hecho, alertó de la existencia de “un peligro real para la vida y los derechos fundamentales del reclamado”.

La decisión no es firme, pues es recurrible en súplica ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional