La prensa de la época lo anunció como un «monumento a los caídos en la batalla del Ebro, homenaje de paz y de concordia» que, «emplazado en el caudaloso río, es un homenaje póstumo a quienes, en un bando o en otro, inmolaron su vida por la patria». Un llamativo conjunto escultórico en recuerdo de una de las mayores carnicerías de la Guerra Civil que será desmantelado el próximo 18 de julio por decisión de la Generalitat de Cataluña.

En una fecha nada casual –el 85 aniversario del comienzo de la Guerra Civil–, el águila que domina el monolito y el resto del conjunto se desmontará y trasladará en camiones en una actuación polémica en el seno de una ciudad que en 2016 decidió en consulta popular –con un 68% a favor– que se conservara una obra que Ferran Bel, entonces alcalde y hoy diputado del PDECat, se comprometió a dar una reinterpretación que nunca llegó. El conjunto ha estado rodeado en los últimos años de dudas acerca de quién tiene competencias para decidir cómo actuar, con el Govern empeñado en desterrarlo del horizonte tortosino y un consistorio contemporizador que considera la obra parte del horizonte urbano.

La consejera de la Generalitat Ester Capella ha sido determinante en la cuenta atrás, que comenzó el pasado 23 de octubre, cuando el Ayuntamiento de Tortosa aprobó la modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), en el que fue incluido en 2007, para retirar el monumento franquista del catálogo de edificios y conjuntos históricos y artísticos.

A continuación, el Govern se empeñó en iniciar la petición de permisos y licitar las obras para sacarlo del río, y anunció que se haría en verano, apelando a la Ley de Memoria Histórica.

El monumento, que fue diseñado en 1964, durante las conmemoraciones de los «25 Años de Paz» desde el fin de la Guerra Civil, fue promovido por el gobernador civil Rafael Fernández Martínez, el presidente de la Diputación, Antoni Soler Morey, y el alcalde de Tortosa, Joaquim Fabra. El escultor elegido fue Lluís Maria Saumells, muy estimado en la época por su arte figurativo y de profundo sentido religioso.

La obra costó 4,5 millones de pesetas y se financió con subvenciones de la Diputación y de los ayuntamientos de la zona junto con donativos de particulares. El propio Francisco Franco asistió a su puesta de largo dos años después, en 1966.

En 2008 se retiraron las placas conmemorativas de la inauguración y una dedicada a «la Promoción Ebro de la Guardia Civil», pero hasta el día de hoy se conserva la que reza: «A los combatientes que hallaron gloria en la batalla del Ebro».

Desde el ayuntamiento aseguran que «no existe polémica» sobre el monolito, pero que sí «hay una entidad que hace mucha campaña» en contra: la Comisión para la Retirada de Monumentos Franquistas, que tiene su gran oponente en Tortosinos por el Monumento, máximos defensores de la pieza.

Fuera del ámbito local se mueve por salvaguardar el conjunto la Asociación de Memoria Histórica Raíces, que ha diseñado un «plan estratégico» para la que considera «segunda batalla del Ebro», al límite de tiempo antes del desenlace previsto. En primer lugar, han impugnado judicialmente la modificación del plan urbanístico que ha descatalogado el monumento e intentan impugnar administrativa y judicialmente los actos de ejecución de la retirada, como la licencia de obra que se ha aprobado por el Ayuntamiento de Tortosa, y la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Son «cuestiones eminentemente técnicas con las que se va a dar la batalla», apuntan fuentes de la entidad.

Refieren además el «enfrentamiento que existe entre el consistorio y la Generalitat», porque el ayuntamiento quiere que se haga «una pasarela fluvial aprovechando la pilastra donde se asienta el monumento, y que el coste lo asuma el Gobierno catalán».

Sobre este punto, y examinado el expediente que le remitió el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Ebro determinó que «se puede quitar el monumento pero no el pilote de la base», que formaba parte del puente que volaron los republicanos en 1938. Aprovechando la estructura, «quieren hacer esa pasarela para la que no existe licitación ni partida presupuestaria. Al menos esa condición se va a incumplir», aseguran fuentes de Raíces, desde donde se reclama la «revocación de la autorización», porque el pilote «se va a quedar ahí».

Consideran desde la asociación histórica que la Generalitat «comete una irregularidad por dar permiso para el desmontaje sin contar con el propietario del monumento», que afirman es el Estado «como promotor en su día, cuando no había comunidades autónomas». Y «aunque aleguen que lo hacen ante el desconocimiento del propietario legítimo, lo hay, otra cosa es que no se haga cargo de su propiedad». Por eso «aplican subsidiariamente la normativa de la Generalitat en lo referente a la Ley de Memoria Histórica y la resolución 11 de 2016 de Carme Forcadell que insta al Ayuntamiento de Tortosa a retirar el monumento, como si fuera el dueño», apuntan las mismas fuentes.

«No hay amparo jurídico», lamentan desde Raíces, desde donde se abunda en que «no se ha abierto un procedimiento de consulta pública para que asociaciones como la nuestra recurran la descatalogación como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» o «para que gran parte de la población de la comarca o asociaciones ecologistas que se oponen a la retirada puedan hacer alegaciones».

Argumentan para ello en una solicitud de revocación del permiso para el desmontaje, dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica, que la envergadura de la obra «conlleva un desplazamiento en la orilla de la segunda grúa más grande de Europa, así como una plataforma en el mismo curso del río, y un relleno considerable de la playa que ocupará terreno al cauce», cuestiones «muy graves de medio ambiente» que entrañan «riesgos en el cauce». Para la Asociación Histórica Raíces, «es imposible que una grúa de 300 toneladas de peso pueda entrar por la rampa donde dice el proyecto, no solo por su peso sino también por su anchura, de más de seis metros, sin que haya desplazamientos de tierras que lesionarán gravemente el cauce del río».