Estos son los puntos más polémicos sobre la ley Trans que debe conocer

El Gobierno dará luz este martes a la autodeterminación de género como pedía Igualdad y rechaza la vicepresidenta Carmen Calvo

Será Ley. Es la proclama que durante el año y medio de andadura del Gobierno de coalición, los morados han repetido como mantra. El Consejo de Ministros aprobará mañana, en la semana del Orgullo, el anteproyecto de la ley “Trans” o “anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”.

Un anteproyecto que llega después de arduas negociaciones entre ambos partidos que habitan en Moncloa y que ha suscitado escollos entre ambos debido a la autodeterminación de sexo o al cambio de sexo de los menores sin autorización de sus padres. Una negociación pilotada entre la vicepresidencia primero que dirige la vicepresidenta primera Carmen Calvo con el ministerio de Igualdad de Irene Montero y que hasta el último minuto se ha saldado con el desacuerdo debido, precisamente, a la autodeterminación de género. El acuerdo, finalmente, llega gracias a la intercesión del ministerio de Justicia.

La norma que llegará mañana a Moncloa coincide con la intención de los morados de reimpulsar su proyecto político con una de sus leyes estrella en plena semana del Orgullo Gay, pero, también, después de que medio centenar de organizaciones feministas de toda España hayan mostrado este fin de semana su rechazo a la misma, porque, según explican, la ley promovida por el ministerio de Igualdad supone un “retroceso en la protección” de los derechos de las mujeres.

Los puntos más polémicos de la Ley

-La autodeterminación de género:

Fue uno de los puntos más controvertidos en la negociación. La ley recoge el cambio registral de sexo y no de género, como reclamaban los socialistas. Es así, este punto, la primera victoria para los morados. La ley elimina el requisito de que la persona disponga de un informe médico o psicológico que acredite “disforia de género” y la obligación de hormonarse durante dos años cuando quiera realizar un cambio de sexo en el Registro Civil. En resumen, basta con que la persona interesada lo solicite por escrito y sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Si bien, frente al primer borrador de Igualdad, si se añade que se deberá ratificar esa decisión en un plazo máximo de tres meses. Será un funcionario quien emita, en esta doble comparecencia de la persona trans, un informe y será quien podrá paralizar el trámite. si sospecha de alguna cuestión dudosa o fraudulenta. Pero no se determina un procedimiento especial para la revisión de estas solicitudes, tal y como reclamaba Igualdad.

-Menores de edad:

Tal y como publica hoy LA RAZÓN, en el anteproyecto de ley queda reflejado la rebaja a los 16 años el momento en el que cualquier persona pueda «rectificar» la mención de su sexo –o «asistidas» por sus padres desde los 14 años o por un «defensor judicial» en el caso de descuerdo entre ambos–. La vía judicial también queda abierta a menores que tengan entre 12 y 14 años. De esta edad para abajo, sólo se podrá proceder al cambio de nombre con el objetivo, según aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo este fin de semana de “proteger particularmente a los menores para que no den pasos que luego quieran revertir”. En el borrador inicial de Igualdad, se establecía que hasta los doce años tendrían que ser los padres quienes pidieran el cambio con “conformidad expresa” del menor. El proceso administrativo durará un plazo máximo de cuatro meses y la decisión también podrá revertirse una sola vez, al pasar seis meses de la solicitud.

-Violencia de género:

También afectará la normativa a los casos de violencia de género. El anteproyecto especifica que la persona mantendrá sus derechos y obligaciones jurídicas anteriores al cambio de sexo registral, haciendo referencia explícita a la ley contra la violencia de género. Se remarca así, la imposibilidad de que un presunto maltratador cambie su sexo legal para evitar una condena con agravante por razón de género. Así, por ejemplo, se tendrán en cuenta las circunstancias que se daban en el momento del delito; un hombre no podrá solicitar el cambio de sexo una vez haya sido denunciado.

-El Género no binario:

Es una de las cuestiones objeto de debate entre ambas partes de la negociación. Desde Igualdad lamentan que el PSOE no aceptara la inclusión de la tercera casilla para este género. El texto inicial incluía la posibilidad de omitir la mención relativa al sexo en los documentos oficiales y se concedía un plazo de un año para definir el encaje legal de las personas no binarias a través de un informe a las Cortes Generales sobre “las eventuales modificaciones normativas a emprender derivadas, en su caso, del reconocimiento del género no binario”. Finalmente, el anteproyecto no incorpora a las personas no binarias.

-Reproducción asistida:

El borrador de Igualdad hablaba sobre los derechos reproductivos de las mujeres y las personas trans con capacidad de gestar: “Tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos” con una unidad específica. La primera versión de la Ley de Igualdad LGTBI blindaba este derecho para todas las mujeres “independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales o estado civil”, incluía el texto. El texto actual no contempla el término “personas trans con capacidad de gestar” y no se desarrolla la garantía de la reproducción asistida para todas las mujeres.

-Cartera de salud:

El borrador de Igualdad reflejaba la necesidad de la garantía del acceso a la salud para las personas trans. De hecho se disponía la inclusión en el Sistema Nacional de Salud de “asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico”. En la última versión, sin embargo, no aparece reflejado pues la atención sanitaria se realizará “conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación”.