Una acusación insta al juez a pedir explicaciones a Exteriores por la entrada de Ghali en España

Reclama al instructor que apremie al ministerio de González Laya a precisar quién dio la orden de que no se revisara el pasaporte al líder del Frente Polisario

Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario
Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario FOTO: SPS SPS

El juez que investiga si el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, entró de manera irregular en España el pasado abril con pasaporte falso tendrá que decidir si pide explicaciones al Ministerio de Exteriores sobre las órdenes que impartió a Defensa para que se prescindiese del protocolo habitual y no se le revisase el pasaporte y se le eximiese de pasar la aduana.

Así se lo ha solicitado el abogado que denunció los hechos, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, en un escrito remitido al instructor -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- en el que reclama al magistrado que dé siete días de plazo a Exteriores para que aclare si desde el ministerio de Arancha González Laya se cumplimentó algún expediente administrativo a raíz de la llegada a la base aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril del avión procedente de Argelia en el que viajaba Ghali. El líder del Frente Polisario permaneció mes y medio en España convaleciente del Covid ingresado en un hospital de Logroño. Tras declarar por videoconferencia ante el juez Santiago Pedraz, que no le impuso ninguna medida cautelar, en relación a las dos causas que tiene abiertas en la Audiencia Nacional por torturas, detención ilegal y genocidio, regresó a Argelia horas después, en la madrugada del pasado 2 de junio.

Además, el letrado Antonio Urdiales pretende que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, inste a Exteriores a identificar a la persona “que contactó con la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire, dándole instrucciones sobre qué tratamiento habría que dar a los viajeros de dicho vuelo, y sobre la identificación de los mismos”, precisando si esa comunicación fue telefónica o por escrito.

Y es que el general jefe de Movilidad Aérea de la base militar de la capital aragonesa, el general José Luis Ortiz-Cañavate, ha informado al juez de que desconoce la identidad de los pasajeros que llegaron en el avión en el que viajaba Ghali, dado que se obvió el protocolo habitual en estos casos por orden del Estado Mayor del Ejército del Aire, siguiendo las órdenes recibidas desde el Gabinete de la ministra de Asuntos Exteriores.

Orden telefónica o por escrito

De ahí que la acusación también apremie al juez a reclamar al teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier Salto, que informe si consta algún expediente que recoja las instrucciones impartidas al respecto por Exteriores y si la comunicación con el Ministerio se hizo por teléfono o por escrito. Del mismo modo, reclama la identificación de los mandos de la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Aire con los que se puso en contacto el Ministerio de González Laya.

La acusación considera a Exteriores “responsable” de la supuesta entrada irregular de Ghali en nuestro país y mantiene que el personal militar que intervino en el procedimiento “es totalmente ajeno a los hechos” al haber sido “engañado” por el personal del Ministerio, “del cual recibía órdenes”. Y considera que el ministerio actuó así para “ocultar su presencia en España y evitar una más que probable detención y medidas cautelares”, por lo que “se decidió por las autoridades y españolas que Ghali viajara junto a un acompañante no identificado con pasaporte diplomático argelino expedido a nombre de un tal Mohamed Benbatouche”.

En el escrito el letrado muestra su perplejidad por el hecho de que “una orden verbal sin duda alguna emanada de la más alta autoridad del Ministerio de Asuntos Exteriores” posibilitase la entrada en nuestro país “de un investigado” por delitos de genocidio, torturas, lesiones y detención ilegal, entre otros. Y muestra su sorpresa por el hecho de que un asunto de este calado, “que afecta sin duda alguna a las relaciones internacionales del Reino de España con terceros países, y que ha producido ya graves perjuicios a personas y centenares de millones de euros en pérdidas económicas, se haya gestionado de forma tan burda y tercermundista”.

Exteriores: es una práctica habitual

La acusación incide asimismo en las lagunas que deja la respuesta de Defensa, en relación a la ambulancia que trasladó a Ghali a Logroño desde Zaragoza, el “registro de la cama medicalizada y de las maletas de los viajeros” o la identidad del personal militar o civil que custodió a los pasajeros desde su llegada hasta su posterior traslado a la zona de protección y a la ambulancia medicalizada.

En su argumentación, el letrado recuerda la orden de Sanidad del 17 de julio del pasado año que establece restricciones a los viajes procedentes de fuera del espacio Schengen con la excepción, entre otros, del personal diplomático y consular “en el ejercicio de sus funciones”. “No creemos que en el Reino de España estén exentos de pasar aduanas y aún menos de identificarse con sus pasaportes -ironiza- las personas provistas de pasaportes falsificados, ni los ciudadanos investigados” por delitos como los que se imputan a Ghali en la Audiencia Nacional.

Fuentes de Exteriores aseguran sin embargo que no se hizo ninguna excepción con Ghali y que se trata de una “práctica tradicional en España” no someter a control los pasaportes que portan los pasajeros “que llegan en un vuelo oficial con las pertinentes autorizaciones”. Se trata, aseguran desde el ministerio de González Laya, de una “cortesía diplomática frecuente en muchos países”, aunque precisan que en todo caso los pasajeros están obligados “a llevar encima su documentación de viaje por si en algún momento fuese requerida por la autoridad competente”.