Las claves de la nueva Ley de Seguridad Nacional

Plenos poderes para el presidente del Gobierno en caso de una emergencia nacional. El borrador de la nueva Ley de Seguridad Nacional, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, dibuja un escenario alarmante al otorgar al jefe del Ejecutivo facultades más propias de regímenes dictatoriales que de democracias consolidadas. Así, el presidente del Gobierno dispondrá de la potestad de dictar mediante real decreto, una situación de urgencia nacional, sin pasar por el Consejo de Seguridad Nacional ni por el Congreso de los Diputados.

Sin contrapesos

Será el Ejecutivo el encargado de declarar este tipo de circunstancia mediante la figura del real decreto. En su declaración se incluirán aspectos como la definición de la crisis, su ámbito geográfico, duración y el nombramiento de una autoridad nacional. La principal y más llamativa novedad que incorpora este borrador es que el presidente podrá declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional sin escuchar al Consejo de Seguridad Nacional y, además, permitirá que se puedan omitir los trámites previstos en la ley «si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan», es decir, los contrapesos al poder ejecutivo desaparecen. En el lado contrario, el Gabinete de Presidencia estará dotado de una mayor influencia.

Movilizar a los mayores de 18

La nueva norma, que el Ejecutivo esperan que sirva para responder a emergencias del futuro, basándose en las enseñanzas aprendidas con la pandemia de la covid, contempla que todo adulto pueda ser movilizado en caso de crisis. Es decir, toda persona mayor de edad «estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades sin derecho a indemnización». Este punto fue muy criticado por el líder de la oposición, Pablo Casado, que a través de Twitter apuntó, que «presentan una ley de la mili, pero sigue sin haber una ley de pandemias».

Expropiación de empresas

Entre las medidas más polémicas, que recuerdan mucho a las expropiaciones en Venezuela con Hugo Chávez, está la potestad del presidente de que en aras de la seguridad nacional pueda «integrar todos los recursos disponibles en las administraciones públicas» e, incluso, «aquellos que estuvieran en mano de particulares». En este sentido, la normativa prevé la posibilidad de nacionalizar empresas para crear «una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial» para asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales y el suministro de bienes básicos.

Apoyo de los medios y cese de la ley de transparencia

Además de la participación del sector privado, la nueva normativa establece que los medios de comunicación «colaborarán con las autoridades en la difusión de informaciones preventivas y operativas». Es decir, además del control de los recursos, tanto humanos como los materiales, el presidente tendrá bajo sus órdenes al cuarto poder. Asimismo, se añade una disposición que dice claramente que «el acceso a la información pública manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedan excluidos del derecho de acceso a la información».

Críticas del PP

El presidente del principal partido de la oposición, Pablo Casado, cargó ayer duramente contra esta nueva norma y la tildó de un «sistema que va contra las libertades democráticas de los ciudadanos».