La Fiscalía pide imputar al tesorero de Podemos por pagar a la “niñera” de Irene Montero

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha reclamado al titular del Juzgado número 46 de Madrid, José María Escribano, que investiga el caso de la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero, que cite a declarar como investigados al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Val, según consta en un escrito de 25 de junio al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

“Sí debemos adherirnos a la consideración de Daniel de Frutos y Rocío Ester Val como investigados dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal, los referidos fueron los que ordenaron el pago”, sostiene el fiscal, que pide que declaren el próximo 14 de julio, día en el que también está citada la supuesta niñera, Teresa Arévalo.

El caso de la presunta niñera de Irene Montero y Pablo Iglesias se inició tras presentar un escrito la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona en el que denunciaba el pago por parte de la formación morada del sueldo de Arévalo, que según su relato en realidad ejercía de cuidadora de los hijos de la pareja.

Sin embargo, el Ministerio Público rechaza la comparecencia como investigado de Pablo Iglesias al considerar que “de los hechos relatados” por la abogada Mónica Carmona “no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez hija de Pablo Iglesias”, resalta el fiscal.

“Ninguna prueba”

Asimismo, el Ministerio Fiscal se opone a la incorporación de la documentación del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid sobre el despido de la extrabajadora de Podemos Elena González, quien ejerció como escolta de Pablo Iglesias: “No procede dado que son hechos que no están siendo investigados en este procedimiento. Y ello por cuanto en el escrito de la señora Mónica Carmona no se aportaba ningún principio de prueba más allá de informaciones en un medio digital”.

Tal y cómo informó LA RAZÓN Elena González aseguró en una demanda que presentó el 16 de agosto de 2019 por despido improcedente que la titular del Ministerio de Igualdad la obligaba a “hacer de chófer de la empleada doméstica y de la niñera”, pero también de “familiares” e “invitados”, según consta en el escrito que dirigió al Juzgado de lo Social número 3 de Madrid tras ser despedida de la formación morada.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal considera que “los indicios” de este caso laboral ya “están siendo objeto de otro procedimiento, por lo que si el juzgado de lo Social observa indicios de delito, deducirá el correspondiente testimonio”, concluye el fiscal.