La legitimidad de los jueces

Resulta difícil para el ciudadano común distinguir y disociar los conceptos de Poder judicial– que es uno de los tres poderes del Estado a través del cual ese mismo ciudadano debería beneficiarse del disfrute de una justicia de calidad– del CGPJ, órgano que realiza las funciones organizativas y reguladoras de su personal y funcionamiento, básicamente. Ni que decir tiene que el Tribunal Constitucional resulta fundamental como garante de derechos y como instancia de resolución de conflictos de competencias, algo muy habitual en sistemas de gobierno multinivel como el español. Y que el Consejo General del Poder Judicial, cómo órgano de gobierno de jueces y magistrados es el encargado de velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial, el responsable del nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo, de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de la inspección de los Juzgados y Tribunales, así como su formación, nombramiento, ascensos y régimen disciplinario.

Una democracia de calidad y un estado de derecho digno de tal nombre exige la renovación de sus órganos constitucionales en los plazos previstos. Desde hace algunos años la desconfianza entre partidos preside las negociaciones y entre otros, están pendientes de renovación tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial. La filtración de las discusiones sobre la constitucionalidad del estado de alarma ha puesto de manifiesto la incomodidad de una parte del Tribunal Constitucional ante esta situación, hasta el punto de que se ha llegado a cuestionar internamente su legitimidad para tomar decisiones de calado, una interpretación a la que la magistrada progresista Encarna Roca se ha opuesto con rotundidad. Sea como fuere lo cierto es que el hecho de que haya órganos constitucionales que no son renovados por desacuerdos partidistas acaba incidiendo en la percepción de su capacidad para resolver conflictos, lo que la postre implica una merma de la legitimidad de unas funciones que resultan vitales para nuestro sistema político, pero la calidad del ejercicio de la justicia no debe verse comprometida en ningún caso.

Es preocupante el relato que el poder político puede influir sobre los jueces, si bien es cierto que las Cortes Generales han de designarlos por una mayoría de 3/5, no debe interpretarse como un mecanismo que permite a los partidos elegir a jueces afines para tratar de defender sus intereses, porque a pesar de la existencia de asociaciones de jueces que dan cuenta de la idiosincrasia de los mismos, es mucho suponer que ello interferirá en sus decisiones judiciales y en España tenemos una notable calidad en la administración de justicia.

Pero la renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un campo de batalla entre PSOE y PP, lo que traslada un mensaje pésimo a la ciudadanía: no hay acuerdo porque ninguno de ellos quiere ceder cuota de poder en el poder judicial. La crisis de gobierno podría abrir de nuevo la puerta a la renovación tanto del TC como del CGPJ pero vista la desmesurada reacción del gobierno a la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma nada hace pensar que el gobierno pierda oportunidad para seguir intentando influir sobre el poder judicial.

El actual CGPJ tiene el mandato caducado desde hace más de dos años, y desde sectores populistas y nacionalistas se pone en duda la legitimidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, siendo cierto que son los garantes del principio de legalidad. «...únicamente sometidos al imperio de la ley», dice el artículo 117.1 de la Constitución respecto de los jueces y magistrados, también es verdad que siguen siendo legítimos.