El Gobierno exhumará a Primo de Rivera del Valle de los Caídos

El Gobierno ha aprobado hoy en segunda lectura el Anteproyecto de Ley Memoria Democrática, que pasará ahora al Congreso de los Diputados para continuar su tramitación parlamentaria con las aportaciones del resto de fuerzas políticas. Una norma que ya cuenta con algunos cambios, respecto a su redacción inicial, siguiendo las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial que, “han mejorado la ley” con sus informes preceptivos.

La ley sale de Moncloa con el objetivo de la “recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos” y del “reconocimiento de todas las víctimas del golpe de Estado y de la posterior dictadura”. “Se condena y se repudia el golpe de Estado y la dictadura, el periodo más negro de nuestra historia contemporánea”, ha señalado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de presentar la iniciativa tras el Consejo de Ministros.

La norma supone la actualización de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y “desde hoy España tendrá una ley homologable a los países de su entorno”. Una ley que busca “poner a las víctimas en el centro de la acción política del Gobierno”, que declarará nulas todas las sentencias que se dictaron durante esta época y que quiere ayudar a encontrar a los miles de desaparecidos para que sus familias sepan donde “yacen los restos de sus antepasados y les puedan dar una sepultura digna”. Con las víctimas como eje fundamental se establecerán dos días de homenaje: el 31 de octubre, día de todas las víctimas, y el 8 mayo, día de los exiliados.

La ley se rige por cuatro principios: verdad, justicia, reparación y deber de memoria para no repetir los hechos que ocurrieron. “Es el Estado el que tendrá el deber de buscar a los desaparecidos” y para ello se creará un banco nacional de ADN y se facilitará el acceso a fondos de consulta y archivos para conocer la verdad de lo que ocurrió. También se investigarán todas las violaciones de derechos que se produjeron desde el golpe hasta la Constitución y se impulsará una Fiscalía de sala que también coordinará la búsqueda de las víctimas.

Se hará una auditoría de los bienes expoliados por el franquismo y se incluirá la Memoria Democrática como un contenido curricular en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. También se resignificará el Valle de los Caídos, y esto supone que no podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en lugar preeminente de la Basílica. Tras la exhumación de Francisco Franco, los únicos restos que se encuentran en el altar mayor son los de José Antonio Primo de Rivera y el Gobierno, en aplicación de la ley, confirmó en rueda de prensa que tiene pensado proceder a su exhumación, de manera acordada con la familia.

También se retirarán símbolos y títulos nobiliarios y se avanzará en la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, que enaltezcan a sus dirigentes o que humillen a las víctimas. Se modificará ley para que no se considere de utilidad pública a aquellas fundaciones que hagan enaltecimiento del franquismo. Esto no va a llevar a su extinción inmediata, sino que se van a modificar la ley de fundaciones y de asociaciones y, una vez que se modifique la ley, ya será causa de extinción el enaltecimiento o el odio. En ese momento, se iniciará un procedimiento administrativo.

Lo que sí se extingue de manera inmediata es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “que se rige por un real decreto de 1957, contrario a los valores democráticos, y se aprobará un nuevo real decreto con el nuevo régimen”, señaló Bolaños. Esto supone que la orden de los Benedictinos tiene los días contados en la Basílica. Entre otras novedades, también están dos nuevos supuestos de nacionalidad española: para los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y perdieron la nacionalidad y para los hijos mayores de edad de aquellos a los que se les concedió la nacionalidad como menores tras la ley de 2007.

“Es una ley necesaria y que nos hace mejores como país”, calificó Bolaños tras su presentación, en la que hizo una apelación directa a las “fuerzas democráticas”, que son “todas las que se sientan en el Congreso de los Diputados”, y que “ninguna de ellas debería tener ningún problema con una ley que busca homenajear a las víctimas de una dictadura brutal que sufrimos en nuestro país”. La voluntad del Gobierno es que se sumen para “poner en el centro a las víctimas de una represión” y “se posicionen contra una dictadura”.