La Fundación Franco: «Cada uno es libre de pensar lo que quiera»

«Nadie puede negarnos nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión»

El general Juan Chicharro, en la antigua sede madrileña de la Fundación Francisco Franco. Foto: Alberto R. Roldán
El general Juan Chicharro, en la antigua sede madrileña de la Fundación Francisco Franco. Foto: Alberto R. Roldán

«Soy de la opinión de que cada uno es libre de pensar lo que quiera sobre la figura de Francisco Franco pero nadie puede negarnos nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión», señala a LA RAZÓN Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), consciente hace tiempo de la prueba de obstáculos que se avecina. En su opinión, la Ley de Memoria Democrática «contraviene varios artículos de la Constitución –el 1, 14, 16 o 20–, e «invocar su respaldo desde el supuesto de que la apología del franquismo supone vilipendio de las víctimas es simplemente una “boutade”».

«Primero», asegura, «porque reflejar los éxitos del régimen no supone de ninguna manera ni humillación ni menosprecio de víctima alguna y porque jamás la Fundación ha incurrido en esa situación».

Para el general de Infantería en la reserva, «que este Gobierno seudocomunista nos hable de víctimas es un insulto a la inteligencia», pues sus «antecesores ideológicos cometieron los asesinatos más viles» –«las checas o Paracuellos»– e «incluso hoy «humilla a las víctimas de ETA permitiendo homenajes a sus asesinos», algo «esperpéntico».

Considera Chicharro que «combatir esta ley, en el caso que nos atañe, va mucho más allá de la defensa de la Fundación Franco, puesto que en definitiva es una lucha por la libertad de los españoles a expresar lo que quieran siempre que no inciten a la violencia».

Una vez que la norma comience su trámite parlamentario, el presidente de la FNFF dice tener la «garantía y constancia formal de que al menos Vox, y esperamos que el PP también, siquiera sea por la defensa de la libertad, planteen las enmiendas que sean necesarias y desde luego recurran a la inconstitucionalidad de la ley en su momento».

Afirma quien fuera ayudante de Juan Carlos I que «en un Estado de Derecho todo esto sería un trámite sencillo, pero ante un Gobierno liberticida, lanzado al asalto del Poder Judicial, diluida ya la separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, todo puede ser posible en un incierto futuro para la frágil democracia española». «En cualquier caso», advierte, «y suceda lo que suceda, tengan por seguro que nadie, con ley o sin ley, nos va a callar nunca, y desde luego venceremos porque nos asiste la razón frente al totalitarismo comunista que representa este Gobierno».

Por su parte, Luis Felipe Utrera-Molina, hijo del ministro secretario general del Movimiento José Utrera-Molina y letrado de la familia Franco, se refiere a la nueva norma como «la más totalitaria, liberticida y sectaria de la Historia», por lo que estima «un imperativo moral combatirla en todos los frentes hasta su total desaparición».

Mientras, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos «no contempla posibilidad alguna de que el Gobierno atropelle todos los derechos fundamentales en lo concerniente al Valle de los Caídos, y en cumplimiento de su motivo de existir, recurrirá a todos los estamentos judiciales en defensa del conjunto monumental y religioso, que seguirá siendo como hasta ahora un lugar de paz bajo los brazos redentores de su Cruz». Ante la «pretendida y partidista “resignificación” del Valle, esta asociación «exige respeto absoluto a los muertos, a la condición religiosa de todo el recinto y sobre todo a la objetividad desde el punto de vista histórico».