Tasación pendiente
La ex mujer de Pujol Ferrusola insta al juez a excluir de su fianza pisos que no son de su propiedad
Mercé Gironés reclama a la Audiencia Nacional que no se tasen tres inmuebles de los que, según su defensa, son titulares ella y su hija, y no el primogénito del ex president
La ex esposa de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que excluya tres inmuebles de la fianza con la que el hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol pretende cubrir la fianza de 7,5 millones de euros que le impuso el magistrado para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.
Así lo solicita su defensa en un escrito remitido al instructor -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- en el que solicita a Pedraz que deje sin efecto su decisión del pasado día 19 de que se tasen, a instancias de la Fiscalía, una serie de inmuebles con vistas a la valoración de las fianzas impuestas en la causa en la ha sentando en el banquillo a Jordi Pujol y a sus siete hijos por formar parte presuntamente de una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su preponderante posición política.
Según expone la representación de Gironés -a quien la Audiencia reclama una fianza de 400.000 euros para afrontar una posible condena de responsabilidad civil por los delitos fiscales que se le atribuyen- dos de esas viviendas son de su propiedad y otra está a nombre de la hija que la pareja tuvo en común. “Tales bienes, en cuanto no son propiedad de Jordi Pujol Ferrusola, no pueden quedar afectos al aseguramiento de las futuras responsabilidades civiles de aquél”, defiende.
Pero lo cierto es que Pujol Ferrusola solo aportó como fianza una de esas tres viviendas (la situada en la calle Ganduxer, en uno de los distritos más caros de Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi), junto a una cuenta bancaria con 3,8 millones (ya bloqueada por el tribunal) y su colección de coches de lujo, tasada en 2,6 millones.
Su hija no sabe nada
Respecto a este inmueble, Gironés señala que está a nombre de su hija Nuria y se muestra sorprendida de que, dado que ya es mayor de edad y pese a que la decisión judicial afecta a un piso de su propiedad, “no se ha hecho saber a aquélla tal circunstancia, en orden a la legítima defensa de sus derechos e intereses”.
Los otros dos inmuebles (situados en las calles Muntaner y Moneders de la ciudad condal) fueron incluidos por Anticorrupción en una relación de ocho viviendas sobre los que solicitó su tasación a Pedraz (que éste acordó) puesto que sobre ellas se había acordado la prohibición de disponer en el marco del procedimiento pero, sin embargo, no constaba que los mismos hubiesen sido valorados “a los efectos de los responsabilidades civiles que han sido demandadas en el escrito de acusación”.
Pero en ambos casos, Gironés sostiene que los dos pisos son de su “titularidad plena y directa”, pues aunque fueron adquiridos en su día por el matrimonio (en 1995 y 2003), tras su separación le correspondieron a ella (aunque en el caso del piso de la calle Muntaner, advierte, la escritura de condominio a su favor “no fue inscrita en el Registro de la Propiedad”).
Por tanto, su defensa reclama al juez que revoque su decisión y acuerda “la exclusión de los bienes objeto de tasación” que son de su propiedad “ante la imposibilidad jurídica” de que los mismos sirvan para garantizar una posibles responsabilidad civil de su ex marido. Y en relación al inmueble propiedad de su hija, pide que se le notifique el acuerdo judicial para que pueda ejercitar sus derechos según considere conveniente.
Subasta de sus coches de lujo
Pero Pujol Ferrusola no solo ha aportado ese inmueble como fianza, sino que -como se ha apuntado- también ha incluido su colección de coches de lujo que Pedraz ordenó subastar tras autorizar una nueva tasación ante las quejas del primogénito del ex president sobre su precio desactualizado.
Ahora, sin embargo, Pujol Ferrusola pretende que el instructor paralice esa subasta una vez que los vehículos ya se han aportado para hacer frente a la fianza.
Y es que según un escrito remitido al magistrado, la defensa del acusado se queja de que, como debe ser él quien pague los impuestos que esa venta genere, la operación “supondrá un altísimo incremento patrimonial” por la revalorización de esos coches, lo que tendría su reflejo en el impuesto sobre la renta. Algo que acarrearía, subraya, “una minoración muy sustancial del importe judicialmente consignado, que habría de ser necesariamente liquidado a la Hacienda Pública”, una merma que cifra en alrededor de un 50% del precio que se obtuviese en la subasta.
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