Los Franco piden imputar a la abogada general del Estado

Como abogada general del Estado, Consuelo Castro fue la encargada de recibir el pasado 10 de diciembre las llaves del Pazo de Meirás, la emblemática propiedad que ocupó Francisco Franco durante 82 años. En el marco de la demanda que se tramita contra la jefa de Patrimonio Nacional que hizo el inventario de la finca, los nietos de Franco acaban de solicitar también la imputación de Castro en la causa.

En un escrito de diez páginas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los nietos del dictador reclaman una serie de diligencias a la titular del Juzgado de instrucción número 29 de Madrid, entre ellas la declaración como investigada de la abogada general del Estado.

La magistrada investiga una querella presentada por los Franco contra la jefa del Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por la elaboración de un informe en noviembre de 2020 sobre el inventario de los bienes del Pazo de Meirás, que es propiedad del Estado a expensas de la decisión del Tribunal Supremo, a la que recurrió en última instancia la representación legal de la familia Franco.

Los querellantes consideran que ese documento, que otorgó la titularidad de la mayoría de los bienes del Pazo al Estado, se hizo fuera del procedimiento judicial y para el perjuicio de la familia Franco, con “unas conclusiones ajenas a la imparcialidad, fuera de cualquier comprobación razonable”. En su opinión, la responsable de Patrimonio se extralimitó en sus funciones, pues más allá de ceñirse a un somero recuento, confeccionó un listado de la titularidad de los bienes de Meirás.

Para pedir la imputación de Castro, se basan en la testifical prestada a finales de junio por la expresidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional Llanos Castellanos, recién nombrada directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien, según el escrito, hizo referencia a una llamada recibida por la abogada general.

En ella, prosigue el documento, Castro le solicitó “un técnico de Patrimonio Nacional que pueda acreditar la titularidad pública de bienes que están dentro del Pazo de Meirás”, y afirmó que en el organismo no se recibió requerimiento del juzgado de La Coruña para realizar un inventario de bienes.

Consideran, por tanto, que la intervención de Pilar Benito en la elaboración del informe fue por “solicitud directa” de la abogada general del Estado y por ello piden su imputación. También solicitan las declaraciones testificales de otros dos cargos de Patrimonio Nacional, a quien quiere que se libre oficio para solicitar una serie de documentos, como el acuerdo del Consejo de Administración que autorizó “el ejercicio de las acciones judiciales que pudieren corresponder para lograr la recuperación de los bienes muebles del Pazo de Meirás que podrían formar parte del Patrimonio Nacional”. Quieren conocer también si existe convenio de colaboración y de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y Patrimonio Nacional.

La querella pide investigar delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos,falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal en grado de tentativa.

Pilar Benito señalaba en su informe de 19 páginas “Bienes muebles de la primera mitad del siglo XX de carácter institucional”, que existe una serie de bienes como muebles, vajillas o tapices “que claramente fueron creados para su adorno en los primeros años de uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del entonces jefe del Estado. Todos ellos fueron realizados por la ya mencionada Fundación Generalísimo Franco, Industrias Artísticas Agrupadas, a excepción de una alfombra tejida en la Real Fábrica de Madrid”.