Los Primo de Rivera esperan aún una llamada de Moncloa para decidir sobre los restos de José Antonio

El Gobierno no ha contactado aún con la familia Primo de Rivera para decidir sobre los restos del fundador de la Falange, enterrados en el altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos desde el 30 de marzo de 1959.

Con la Ley de Memoria Democrática pendiente de su tramitación parlamentaria tras su aprobación en el Consejo de Ministros, y una vez que fuera aprobada la norma, la intención del Ejecutivo es mover de su ubicación la sepultura de José Antonio Primo de Rivera y trasladarla a otro lugar más discreto dentro del recinto religioso, previo diálogo con sus descendientes, que podrían optar por otro destino si es su deseo.

Fuentes de la familia Primo de Rivera aseguran a LA RAZÓN que ya lo «han hablado», pero que se pronunciarán «cuando tengamos algo que decir», es decir, en el momento en que Moncloa ponga el asunto sobre la mesa.

El portavoz y negociador será Fernando Primo de Rivera (el mayor de los nueve hijos que tuvieron Miguel Primo de Rivera y Urquijo –nieto del dictador Miguel Primo de Rivera y sobrino de José Antonio– y María Oriol Díaz de Bustamante). Él será por lo tanto el interlocutor al que tendrá que dirigirse el equipo del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que se refirió el pasado martes al contacto con los descendientes de Primo de Rivera como «la manera más sencilla de cumplir la ley».

En su momento, el propio Bolaños fue el intermediario designado por el Gobierno de Pedro Sánchez para establecer con la familia Franco los términos en que iba a producirse la exhumación que finalmente se llevó a cabo el 24 de octubre de 2019. Se trata de alguien «minucioso y astuto», señala Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, que le recuerda «correcto en el trato» y considera que es «muy leal a Sánchez».

Otro aspecto de la Ley de Memoria afecta directamente a Fernando Primo de Rivera como actual heredero del Ducado de Primo de Rivera, que Franco concedió de forma póstuma a José Antonio, fusilado en el patio de la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936. La norma prevé la anulación de medallas y títulos nobiliarios del franquismo, por lo que su condición de duque peligra en su caso y en el de su hermano Pelayo, quien ostenta el Condado del Castillo de la Mota, que recibió de su tía abuela Pilar Primo de Rivera, para quien fue creado el título en 1960 como jefa de la Sección Femenina de Falange.

Precisamente desde los actuales seguidores del partido y sus distintas facciones se esperan reacciones más airadas. El jefe nacional de FE-La Falange, Manuel Andrino, tiene escasas esperanzas de que los Primo de Rivera planteen una «oposición similar» a la de la familia Franco. Aunque «ahora» no hay nada previsto, según fuentes consultadas por este periódico, los falangistas podrían llevar a cabo una marcha a pie de protesta como la del 20-N hasta Cuelgamuros.