Don Juan Carlos I: ninguna investigación judicial tras un año fuera de España

Vistos con perspectiva, ya se sabe, los problemas tienden a empequeñecerse. En el caso de Don Juan Carlos, la distancia física que hace ahora un año decidió poner, a su pesar, con las investigaciones sobre su fortuna oculta en el extranjero no ha mitigado sus problemas jurídicos, que lejos de difuminarse han adquirido una mayor dimensión, pero lo cierto es que, doce meses después, el Rey emérito sigue sin tener a día de hoy ni una sola causa judicial abierta, porque la Fiscalía no ha dado el paso de querellarse contra él y poner la investigación en manos del Tribunal Supremo.

Desde ese 3 de agosto de 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo sí ha abierto nuevas líneas de investigación con su patrimonio opaco en el punto de mira y el propio Rey emérito ha presentado dos regularizaciones fiscales por más de cinco millones de euros que Hacienda investiga (como sucede, por otro lado, con cualquier contribuyente que aflore ingresos de procedencia hasta el momento desconocida) para determinar la veracidad de las mismas.

Por si fuera poco, la investigación abierta hace ahora tres años, en agosto de 2018, sobre la fortuna oculta de Don Juan Carlos por el fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa sigue adelante, hasta el punto de que el representante del Ministerio Público helvético se desplazó el pasado julio a nuestro país por segunda vez para reunirse con el equipo de fiscales del Tribunal Supremo que indaga en las cuentas del Emérito, liderado por el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, especializado en delitos económicos.

De la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Alto Tribunal poco se sabe, salvo que hasta ahora –para alivio del padre de Felipe VI– ninguna de ellas se ha judicializado –desde su abdicación en junio de 2014, Don Juan Carlos solo responde judicialmente ante el Tribunal Supremo por su condición de aforado, y únicamente por hechos posteriores a esa fecha, pues con anterioridad era inviolable como jefe de Estado–.

Una supuesta comisión de 64,8 millones de Arabia Saudí

Es precisamente esa inviolabilidad y las dos regularizaciones fiscales presentadas en diciembre de 2020 y el pasado febrero –para intentar frenar una posible acusación por delito fiscal– las principales bazas con las que cuenta hasta ahora (al margen de la prescripción de algunos de los delitos tributarios en los que podría haber incurrido) para sortear alguna de esas investigaciones en marcha.

Y es que en agosto de 2008, cuando Don Juan Carlos recibió, en una cuenta suiza del banco Mirabaud, titularidad de la Fundación Lucum, cien millones de dólares (64,8 millones de euros) del entonces soberano saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd –supuestamente como comisión por su intermediación en favor de un consorcio de empresas españolas en la adjudicación en octubre de 2011 de las obras del «AVE del desierto» entre Medina y La Meca, aunque tanto Anticorrupción como la Fiscalía suiza cuestionan esta hipótesis–, estaba amparado por esa inviolabilidad que impedía actuar penalmente contra él.

También lo estaba en 2012, cuando Don Juan Carlos decidió donar esa cantidad a su ex amante Corinna Larsen a través de una cuenta de la sociedad Solare Investors Corporation en el banco Gonet y Cie de Nassau (Bahamas), un movimiento tras el cual habría ordenado a sus abogados y gestores de fortunas Arturo Fasana y Dante Canonica, fiduciarios del Rey emérito, cerrar su cuenta suiza en el banco Mirabaud a nombre de la Fundación Lucum.

Inviolabilidad hasta su abdicación

La Fiscalía del Supremo debe determinar –y en esas sigue más de un año después– si las actuaciones de Don Juan Carlos al respecto se circunscriben a ese periodo temporal entre 2008 y 2012, amparado por la inviolabilidad del entonces jefe de Estado, o si por el contrario hay hechos aparentemente delictivos posteriores a junio de 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe VI y pasó a ser responsable penalmente por sus actos.

De no ser así (y en eso tendrá mucho que ver el análisis de la documentación remitida por Suiza), esta investigación –que precisamente provocó la salida de España del Rey emérito un mes después– estaría abocada al archivo. Un archivo que ya acordó la Audiencia Nacional en el marco de la «pieza Carol» en septiembre de 2018 -y dos años después, en octubre de 2020- después de que la propia Fiscalía considerase «extraordinariamente débiles» los indicios contra Don Juan Carlos y esgrimiese al mismo tiempo su inviolabilidad en esas fechas.

Ya con el padre del Rey en Abu Dabi, la Fiscalía abrió una nueva investigación para indagar en los gastos, por un total de 1,2 millones de euros, de los que se habrían beneficiado entre 2016 y 2018 Don Juan Carlos y miembros de su familia (no Don Felipe ni la Reina Letizia), a cargo de tarjetas opacas titularidad del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Una operación en la que habría utilizado de testaferro a una persona de su máxima confianza, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga. En este caso, los hechos se produjeron cuando el Emérito ya había abdicado y, por tanto, era responsable penalmente.

Tras hacerse público este posible nuevo frente penal, apenas un mes después Don Juan Carlos regularizó con Hacienda esos pagos, hasta ese momento desconocidos, abonando a la Agencia Tributaria 678.393 euros (incluyendo intereses y recargos) para intentar sortear una posible imputación por delito fiscal. Pero para conseguir ese objetivo su abogado deberá demostrar que ese paso se dio antes de que se abriese formalmente una investigación contra él.

Ocho millones en viajes a cuenta de la Fundación Zagatka

La Fiscalía mantiene abierta una tercera línea de investigación con la actuación del Rey emérito en entredicho, tras recibir una alerta del Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) –según adelantó La Sexta– sobre una cuenta opaca con diez millones de euros en una entidad de la isla de Jersey, conocido paraíso fiscal en el Canal de la Mancha. El Ministerio Público sigue el rastro de una transferencia sospechosa y su posible vinculación con Don Juan Carlos. Pero de todas las investigaciones de la Fiscalía del Supremo, ésta es sin duda la que más confidencial se mantiene.

También con el padre de Felipe VI ya afincado en el extranjero se conoció una cuarta actuación supuestamente irregular. En este caso, fue el propio Emérito quien el pasado febrero dio el paso de regularizar 4.395.901 euros para ponerse al día con Hacienda respecto los viajes de los que disfrutó, algunos junto a Corinna Larsen, y que fueron pagados por la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Liechenstein por su primo Álvaro de Orleans. En total, ocho millones de euros –en distintos viajes y vuelos en una compañía de jets privados–, de los que 2,8 millones fueron devueltos, después de que el propio Álvaro de Orleans reclamase esa cantidad a su primo al enterarse de que la ex amante del Emérito se habría beneficiado de esos viajes a costa de la fundación.

Ahora, la Fiscalía del Supremo debe determinar en este caso si las regularizaciones efectuadas por el Rey Emérito se ajustan a todos los pagos ocultos que percibió tanto a través de las tarjetas opacas del millonario mexicano Sanginés-Krause como a través de la Fundación Zagatka. Una comprobación que, por otro lado, también lleva a cabo la Agencia Tributaria (que debe examinar además si alguna de las hipotéticas irregularidades fiscales han prescrito). De esa inspección y del alcance de su inviolabilidad como jefe de Estado dependerá, en buena medida, el rumbo de las investigaciones en España.