El juez del “caso Lezo” rechaza archivar su investigación contra Ignacio González por blanqueo

El juez que investiga el “caso Lezo” en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido mantener abierta su investigación sobre el presunto blanqueo cometido por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, según consta en un auto de 3 de agosto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que completa que es necesario concluir el análisis de la documentación que obra en la causa.

García Castellón ha tomado esta decisión, de acuerdo con la petición de la fiscal Ana Cuenca, quien en un escrito de 28 de julio rechazaba el sobreseimiento reclamado por el expresidente madrileño. Sin embargo, en el mismo documento la representante del Ministerio Fiscal reconocía que Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, han aportado “elementos que sustentan un eventual sobreseimiento” de la acusación de blanqueo, que se sigue en la pieza separada número 5 del “caso Lezo”.

“No obstante, no se puede desconocer que la Guardia Civil mediante oficio de 13 de julio de 2021 solicitó la práctica de diligencias referidas a estos dos investigados que, tras su análisis, el Ministerio Fiscal considera pertinentes y útiles para agotar esta instrucción”, dice la fiscal que completa que el Ministerio Fiscal considera más adecuado posponer su dictamen sobre la procedencia del sobreseimiento.

En concreto, en un auto de 3 de agosto el magistrado facultó a componentes del grupo de delincuencia económica de la UCO “para que de manera inmediata”, Viajes El Corte Inglés “aporte toda la información que tengan reflejada en sus bases de datos acerca de los viajes efectuados por Ignacio González, Lourdes Cavero Mestre y Patricia González Cavero entre los años 2012-2017 (ambos inclusive)”. especifica la resolución.

El magistrado, que destaca que la investigación de la UCO “permite establecer una relación con el delito objeto de estas actuaciones, lo que es útil y necesario para la investigación eficaz del mismo”, y reclama a los agentes que investiguen el método de pago utilizado para el abono de los viajes (efectivo, cheque, tarjeta...), quién realizó el mismo, así como el importe total de cada uno de los viajes efectuados.