El Gobierno relega la reforma del Código Penal y no modificará ahora el delito de sedición

Moncloa ha dado hoy luz verde a su Plan Anual Normativo para 2021, con hasta un año y cuatro meses de retraso. Se trata de un documento que tanto las administraciones públicas, comunidades y ayuntamientos deben publicar de manera anual en el Portal de Transparencia y con fecha límite del 30 de abril del año anterior, según queda regulado en el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo.

Precisamente, este diario denunció la semana pasada que el Ejecutivo se había saltado su obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía al no haber publicado antes del 30 de abril de 2020, el informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado. De hecho, según las fechas, el Ejecutivo debería haber publicado ya su plan normativo para 2022.

Una obligación a la que debería haberse atenido la entonces ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, y que tras la remodelación del Gobierno en el mes de julio correspondía al actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Este martes, último día de agosto, el ministro de ramo ha anunciado en Consejo de Ministros que el Gobierno ha dado hoy en la reunión del Consejo de Ministros ha aprobado el informe de Evaluación del Plan Normativo. Según ha defendido Bolaños, es una demostración del “esfuerzo del Gobierno” y todos los ciudadanos “van a saber la hoja de ruta del Gobierno de aquí a final de 2021”. Para Bolaños significa “transparencia para los ciudadanos, que conozcan lo que tiene el Gobierno en mente para los próximos meses”. “La rendición de cuentas es importante”, ha defendido el ministro para recordar que cada seis meses el presidente del Gobierno.

Un plan normativo en el que no se encontrará la reforma del delito de sedición y rebelión, como avanzó eldiario.es y confirmó el ministro de Presidencia. Una de las prioridades durante este año para el Ejecutivo y con las que Unidas Podemos ha presionado para su aceleración. La reforma integral de la legislación era una de las promesas socialistas con el fin de adecuarlos a la legislación de otros países europeos. De hecho, el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya se encontraba trabajando en ella antes de su relevo. Bolaños ha defendido que “la prioridad es la recuperación social y económica del país” y ha recordado que “en estos cuatro meses tenemos que cumplir con 50 compromisos con la Unión Europea” y eso, ha remarcado, “es prioritario también”.

El ministro ha defendido que en 2020, el Ejecutivo ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la ley del cambio climático, la ley de cadena alimenticia, o la ley del solo sí es sí. Ha sacado pecho también de haber desarrollado “una agenda legislativa potente” en 2021, citando la ley de formación profesional, la ley de ciencia, y espera aprobar la reforma laboral, la ley de vivienda y la ley 5 G que, dice, “pondrán a España a la vanguardia”.

Según ha explicado Bolaños “el plan es muy ambicioso para los cuatro meses que nos quedan de ejercicio” puesto que la idea es aprobar 144 normas de todos los rangos, tanto orgánicas y ordinarias.