El acoso sexual a menores mediante el uso de internet aumentó en 2020 un 55 por ciento respecto a 2019

La comisión de ciberdelitos continúa al alza desde que en 2011 se pusiera en marcha por la Fiscalía General una seccíón especializada en la persecución de los mismo para luchar más eficazmente contra los mismos. Así se incoaron en 2020 un total de 16.914 procedimientos, lo que representa un 28,69 por ciento más que en el año anterior, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado que presentó hoy Dolores Delgado en la apertura del año judicial que presidió Felipe VI en el Tribunal Supremo Sin embargo, este ascenso es más moderado que en años anteriores, pues en 2019 hubo un aumento del 45 por ciento respecto de 2018, lo que se explica por la situación generada por la pandemia.

El 24,12 por ciento de los procedimientos son por delitos contra bienes jurídicos personalísimos (19,23 por cieno más que en 2019). Destaca el fuerte repunte de las amenazas y coacciones (30 por ciento más), mientras que el acoso crece en un 10 por ciento.

El 75,88 por ciento de los procedimientos incoados por ciberdelitos se refieren a delitos contra el patrimonio y otros. La gran mayoría, el 72,43 por ciento, por delito de estafa. Esto se explica porque son las conductas que más habitualmente se denuncian y porque existe una cifra oculta de criminalidad en otros ilícitos, como los atentados contra la libertad e indemnidad sexual de los menores.13

Preocupante es para la Fiscalía la evolución de los delitos online contra la libertad sexual y en particular de los que afectan a menores de edad, que suponen un 8,5 por ciento del total y un incremento del 18,45 por ciento respecto del ejercicio anterior. El “child grooming”, es decir, el acoso sexual a menores por internet creció en un 55 por ciento respecto de 2019 y un 175 por ciento respecto de 2018.

Los delitos de pornografía infantil presentan estabilidad respecto de años anteriores, pero estos datos no parecen responder a la evolución real de la elaboración y tráfico de este material ilícito, pues no suelen ser objeto de denuncia. Así, se observa un acusado descenso de los delitos contra la propiedad intelectual (-75 por ciento). La Fiscalía suscribió el Protocolo contra el discurso de odio online, para retirar del entorno digital contenidos de esta naturaleza y por el que la Unidad de Criminalidad Informática asume la función de punto de contacto nacional con los proveedores de servicios radicados en otros países.

Pese a la ralentización de la tramitación procesal por la pandemia, se presentaron 3.207 escritos de acusación, un 12,64 por ciento más que en 2019, un incremento más moderado que el del 40 por ciento del ejercicio anterior. El delito más numeroso es el de estafa (45,62 por ciento), seguido de amenazas y coacciones (12,13 por ciento), de pornografía infantil (8,98 por ciento) y de descubrimiento y revelación de secretos (6,17 por ciento).

Los delitos contra la libertad sexual que tuvieron su origen en el uso de la informática ascendieron al 15,93 por ciento.

En cuanto a las diligencias de investigación, se incoaron 261, un 30 por ciento más que el año anterior. De ellas, el 36 por ciento se referían a estafas y defraudaciones, seguidas de los delitos de odio, que se incrementaron en un 55 por ciento respecto del año anterior. Se judicializaron un total de 90 diligencias de investigación.

Trata de seres humanos

Por otro lado, según también los datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía, durante el pasado año la Fiscalía detectó a un total de 470 víctima de explotación sexual relacionadas con la trata de seres humanos. El 95,5 de esas víctimas eran mujeres.

Esta situación derivó en que se incoaran 136 procedimientos judiciales, de los que 117 dieron lugar han a Diligencias de Seguimiento.

De esas diligencias previas, el 75,21 por ciento lo fueron por trata con fines de explotación sexual, el 19,75 por ciento por trata laboral, el 5,12 por ciento por trata con fines de cometer delitos y el 1,70 por ciento para fines de mendicidad.

En relación con la trata de seres humanos, se investiga a 437 personas de distintas nacionalidades, y, a la vez, se logró identificar a 76 víctimas de trata laboral.

En total, el Ministerio Fiscal formuló 41 escritos de acusación, de los que 34 de ellos por trata con fines de explotación sexual.