El PSOE y el PP llevan seis meses sin contactos para renovar el CGPJ

En su tercera intervención en el acto de apertura del año judicial con el mandato vencido, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, denunció de nuevo ayer, ante el Rey Felipe VI, el incumplimiento constitucional que se deriva deese bloqueo e instó a las fuerzas políticas «concernidas» a alcanzar en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación. Difícil que pueda ni siquiera intentarse el acercamiento si PSOE y PP no salen de la dinámica en la que se han instalado: mucho ruido en público, como dinamita más eficaz para el entendimiento, sin abrir ningún canal sólido de negociación para explorar el terreno. «No puede haber acuerdo sin negociación, y para haber negociación tiene que haber un intento de activarla, en principio, lógicamente, desde la parte más interesada y necesitada del pacto, y de quien depende la iniciativa, que es el Gobierno de coalición»: la reflexión la hacen en la carrera judicial, con buena información sobre los tiras y aflojas entre los dos principales partidos y sobre el «paripé» -denuncian- que hacen en público. «No se ganan el sueldo. Esto es una vergüenza». El último contacto al respecto entre Pedro Sánchez y Pablo Casado fue el pasado mes de febrero, y la remodelación del Gobierno no ha cambiado nada.

Así, si la presión estaba puesta en la apertura del año judicial, los «pata negra» de partido han sido eficaces en volar todos los puentes porque desde antes del verano hasta ahora no ha habido ningún contacto, ni oficial ni oficioso, ni siquiera a cargo de los nuevos ministros implicados. «Cero», dice la parte popular.

La drástica remodelación del Consejo de Ministros promovida por Pedro Sánchez antes de las vacaciones abrió la expectativa de que, con el cambio de Gobierno, los nuevos responsables de la negociación, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, pudieran dar paso a una nueva etapa con el principal partido de la oposición que reactivara, al menos, el diálogo. El PP tampoco lo ha facilitado ya que siempre ha mediado en la escena pública para poner piedras a cualquier aproximación, antes de que se produjese. «Aquí lo que hay es una situación de incomunicación total dentro de un pulso político que amenaza con mantener el bloqueo de la renovación hasta que acabe la Legislatura», advierten en la asociación mayoritaria de jueces.

El PSOE elevó ayer el tono contra Pablo Casado por «secuestrar» el CGPJ. Pero abrió la puerta, sin un compromiso firme, a una reforma legislativa del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, una vez que se haya cerrado el acuerdo en base a las reglas en vigor. Ésta es una posibilidad apuntada desde la dirección popular para espantar las acusaciones de que, en realidad, no quieren el pacto porque les interesa conservar una fuerza en el órgano de gobierno de los jueces que no se corresponde con su actual posición parlamentaria.

Después de que apuntase a esa reforma la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en RNE, el PP dejó ver su escepticismo sobre el compromiso de ejecutar la modificación legislativa. De hecho, en la ceremonia de la confusión con la que los principales partidos rodean la negociación bloqueada, el Gobierno aclaró que a lo que se refieren es a la posibilidad de que, una vez cerrado el pacto. se abra el debate sobre si el actual modelo de elección puede y debe mejorarse, aunque de partida ellos no comparten el cambio propuesto por el PP. Sí, pero no, para dejarlo todo igual.

Más allá de las razones de unos y otros, en el ámbito judicial les tienen «calados» por «las incoherencias de sus discursos oficiales». Ahí se escucha decir que los partidos han convertido la renovación del Poder Judicial en un pulso político entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y, como todo lo que sea moverse de sus posiciones iniciales es tanto como aceptar una derrota, «lo que menos les importa es la salud de las instituciones».

La incomunicación entre Moncloa y PP, incluso para los asuntos más delicados, se ha hecho estructural en la etapa de Sánchez y Casado. La moción de censura a Mariano Rajoy fue determinante para romper los pocos puentes que todavía estaban en pie. Y en medios políticos destacan que, con esa ausencia de complicidad, y de respeto a la lealtad institucional de los papeles que cada uno ejerce, es «imposible que pueda haber una mínima aproximación de Estado».

La situación es tan ridícula que ayer Moncloa informó de que había enviado una carta al principal partido de la oposición para pedirle que «vuelva a la institucionalidad» y renueve el Poder Judicial. Esta misiva no es más que un formalismo dirigido a que el Gobierno pudiera filtrar su movimiento para dar a entender que la responsabilidad del bloqueo es exclusiva de Casado.

La dirección popular insistió ayer en que su postura en esta negociación es «el mejor servicio que pueden prestar a España» porque están protegiendo a la Justicia del «asalto de la coalición radical de izquierdas».