Así preocupan a Marlaska los delitos de odio: solo 27.000 euros a las víctimas

Se dedica un 5% a la atención a los colectivos que sufren este tipo de violencia frente a un 37% para recursos humanos

El Gobierno ha situado el aumento de los delitos de odio en el eje del debate político a raíz de la última denuncia en Madrid de un joven que aseguró que ocho encapuchados le agredieron al grito de «maricón» y cuya declaración resultó ser falsa. Mañana, por primera vez desde su creación, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá la Comisión de seguimiento del plan de acción de lucha contra los delitos de odio, una guía impulsada en 2019 para combatir la discriminación y las expresiones de odio contra colectivos concretos según su origen nacional, étnico, su ideología, género u orientación sexual, entre otras razones.

Con un presupuesto en 2019 de 472.500 euros, la mayor parte de los fondos, un 37% del total (179.000 euros), se destinaron a Recursos Humanos en oficinas nacionales y órganos centrales frente a solo un 5% ( 27.500) que se dedicó a la atención a las personas que sufren este tipo de violencia. Es, precisamente, esta cuantía la menor de las cinco áreas en las que se divide el presupuesto del Plan. Un 12,5% (59.500 euros) se emplearon para una respuesta eficaz a este tipo de violencia. Además, se invirtió un 20,1% del total en las formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir 95.000 euros, y un 23,5%, 111.500 euros, en la prevención de los delitos de odio.

Sin embargo, pese a los esfuerzos económicos y humanos destinados a la lucha contra los delitos de odio, los datos del Ministerio de Interior reflejan un alarmante aumento de este tipo de delitos. Solo en el mes de julio se denunciaron 138 agresiones que sumadas a las 610 del primer semestre de 2021, sitúan al año en curso como el peor desde que existen registros. Por ejemplo, en el mismo periodo de 2020 se contabilizaron 427, es decir 183 denuncias menos que en el mismo periodo.

Desde que la Comisión de seguimiento del plan de acción de lucha contra los delitos de odio echó a rodar se celebraron cuatro reuniones entre 2019 y 2021, la última de ellas presidida por Marlaska en el mes de julio, cuando el ministro hizo un balance positivo del grado de cumplimiento del Programa ya que de las 54 medidas a ejecutar para alcanzar un total de trece objetivos distintos se cumplieron 48 en dos años y medio de trabajo. Precisamente en aquella reunión de trabajo, el titular de Interior anunció que se elaborará y aprobará en el segundo semestre de este año para que su vigencia se extienda entre 2022 y 2024. El eje estratégico principal de este segundo trienio se centrará en el apoyo y protección de las víctimas, las grandes olvidadas en el anterior, a tenor del presupuesto invertido.

Comisión delitos de odio

«Estamos cerrando el orden del día», señalaron fuentes gubernamentales a LA RAZÓN, respecto a la reunión de mañana que presidirá el presidente Sánchez. En anteriores ediciones estuvo presidida por el Director del Gabinete de Coordinación y Estudios, y compuesta por personal de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, los Coordinadores Nacionales del Plan en los ámbitos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como por representantes de asociaciones representativas.

En el mes de julio también se publicaron datos relativos a este Plan con conclusiones asombrosas. Ocho de cada diez personas consideraron insuficientes las medidas llevadas a cabo por Interior para luchar contra los delitos de odio, mientras que casi siete de cada diez desconocía este organismo. Así según se desprende del balance, solo el 32,7% de los encuestados conocen la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio de Interior. Por otro lado, el 49,88% de los encuestados asegura que las medidas en esta materia son «adecuadas, pero insuficientes» y el 32,03% directamente las considera «no adecuadas», es decir, el 81,91% no comulga con ellas.

Un plan con 54 medidas y 13 objetivos

La Comisión se reúne para valorar el grado de cumplimiento del Plan una vez cada seis meses. Según consta en el documento de Interior cuenta con 54 medidas para alcanzar 13 objetivos. En su seguimiento también participan, además de organismos públicos, asociaciones como CERMI o ACCEM, entre otras.