La Fiscalía alerta de la «radicalización» del debate político

Los delitos de odio vinculados con la orientación sexual o el racismo y la xenofobia siguen siendo los que más acaparan las investigaciones de la Fiscalía, pero en el último año se ha constatado «un sensible aumento» de los relacionados con motivos ideológicos. Así lo pone de manifiesto la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual, que revela que en su mayor parte esos delitos se cometen a través de «los mensajes y opiniones que se vierten en las redes sociales». Unos mensajes que, según el Ministerio Público, «evidencian una indeseable polarización y radicalización del debate político».

La orientación sexual o lgtbifobia está entre las principales motivaciones de los delitos de odio o discriminación. De hecho, según consta en la memoria de la Fiscalía en la provincia de Barcelona acaparó en 2020 el 39% de estas conductas delictivas, frente al 33% perpetrados por racismo y xenofobia y el 19,5 por ciento debidos a motivos ideológicos.

Los datos del Ministerio del Interior registran un total de 1.401 delitos de odio en nuestro país frente a los 1.598 de 2019. Este año –según los datos facilitados por el propio Fernando Grande-Marlaska en una entrevista en la cadena Ser– se han contabilizado hasta el mes de julio 748 (en los primeros seis meses de 2019 constan 427).

Los datos abocan inevitablemente a un aumento de casos en este ejercicio. Pero la Fiscalía ofrece una explicación en su memoria al poner de manifiesto que a consecuencia de la pandemia (y de los meses de confinamiento) se ha producido «una apreciable disminución en el número de diligencias de investigación y procedimientos judiciales incoados y tramitados». Una emergencia sanitaria a nivel mundial que, no obstante, ha acarreado otra consecuencia: aunque han disminuido los delitos de odio, ha crecido el número de los cometidos a través de la redes sociales.

«Los dramáticos efectos de la pandemia –subraya la Fiscalía– han condicionado en buena medida la evolución de la criminalidad en esta materia». Y es que, recuerda, «la interacción social se vio fuertemente restringida» (sobre todo durante el confinamiento), por lo que «buena parte de las relaciones entre las personas y grupos sociales se desarrollaron no de forma directa y personal sino a través de las TICs (tecnologías de la comunicación y la información) y redes sociales».

El Ministerio Público advierte de que la pandemia «va a implicar un cambio sustancial e irreversible en muchos aspectos del funcionamiento de la sociedad y de la vida cotidiana de los ciudadanos», por ejemplo respecto al uso «cada vez más intenso» de las tecnologías de la comunicación «en todos los ámbitos».

Una tendencia que según los datos de la Fiscalía hace prever que «un aumento de los delitos de odio que se producen a través de las tecnologías digitales».

En particular, a la Fiscalía General del Estado llegaron el pasado año 34 denuncias por posibles delitos de odio, de las que 15 fueron archivadas por carecer de relevancia penal.

Entre las investigaciones llevadas a cabo por la acusación pública destacan las que tuvieron por objeto denuncias falsas «mediante las que se pretendía atribuir responsabilidad en el contagio del Covid-19 a colectivos como el de las personas de etnia gitana, extranjeros o inmigrantes». Asimismo, la Memoria también alude a los Menas (menores extranjeros no acompañados), a quien define como un colectivo «especialmente vulnerable» al que «de forma injustificada y discriminatoria» se hace responsable «de la inseguridad y la delincuencia» de determinados barrios, «dando lugar a actos de acoso, hostilidad y violencia».