El relevo en cadena de los protagonistas del “caso Ghali”

Cinco meses después de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aterrizara en el aeropuerto militar de Zaragoza sin someterse al control de pasaporte ni de aduana por orden de Exteriores -provocando una grave crisis diplomática con Marruecos con efecto dominó en la frontera de Ceuta-, ninguno de los principales protagonistas del polémico episodio, bajo investigación judicial, sigue en su puesto. Todos han sido relevados en este tiempo por uno y otro motivo.

El primer relevo se produjo al frente del Ministerio de Exteriores, cuando Pedro Sánchez aprovechó la remodelación del Gobierno del pasado julio para sustituir a Arancha González Laya, en el epicentro del conflicto diplomático y migratorio, en lo que se interpretó como un gesto político para apaciguar a Rabat e intentar así recuperar las buenas relaciones con el reino alauí.

Pero el de González Laya no ha sido el único relevo que ha afectado a los principales actores de la supuesta entrada irregular en nuestro país el pasado 18 de abril del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para ser tratado en el hospital San Pedro de Logroño de una neumonía grave causada por la Covid-19, en la que se amparó el Gobierno de Pedro Sánchez para acogerle por “razones humanitarias” pese a la existencia de dos causas abiertas contra él en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal, entre otros delitos (a día de hoy, una de ellas ya ha sido archivada).

El ex jefe de Gabinete de Laya, imputado

Con la titular de Exteriores se fue también su entonces jefe de gabinete, Camilo Villarino -hasta ahora el único imputado por estos hechos y que está citado a declarar el próximo lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza-. El diplomático que dio la orden a la cúpula del Ejército del Aire de no requerir documentación a Ghali a su llegada a España continúa en el ministerio y el Gobierno no le ha dejado desamparado, hasta el punto de que la Abogacía del Estado ha asumido su defensa en el caso.

El pasado 9 de julio, Exteriores aclaró al juez Lasala que “la persona que se comunicó por vía telefónica con el Estado Mayor del Aire el día 18 de abril” fue el entonces director de Gabinete de la ministra, Camilo Villarino. La versión del diplomático es que fue el “número dos” del Estado Mayor del Ejército del Aire quien “preguntó sobre las 17:30 horas si queríamos que se hiciera trámite de aduanas o inmigración”, a lo que él contestó “que no era preciso, siendo esta respuesta perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable”.

El ex “número dos” del Estado Mayor del Aire, a Bruselas

Quien recibió la orden de Exteriores de obviar los habituales controles de documentación y equipaje respecto a Ghali y la trasladó al responsable de la base aérea de Zaragoza fue el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (Sejeme), quien también ha dejado ya el cargo. El pasado día 1, el Consejo de Ministros aprobaba el nombramiento para el puesto del teniente general Ignacio Bengoechea y cuatro días después, Fernández Sánchez tomaba posesión de su nuevo puesto en Bruselas como representante militar español (Milrep) ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea.

De hecho, el ex Sejema estaba citado a declarar ante el juez como testigo el pasado día 1, una comparecencia que solicitó aplazar con éxito (testificará finalmente el próximo lunes) esgrimiendo precisamente su nombramiento, que le obligaba a desplazarse a la capital belga en esas mismas fechas.

El magistrado que investiga lo sucedido, Rafael Lasala, descartó citarle como imputado al no ver indicios de que supiese que “la persona que llegaba a España tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana”. Sin embargo, la acusación que ejerce el abogado Antonio Urdiales, que denunció los hechos en el juzgado, ha pedido al juez que impute también al mando militar.

El entonces teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire precisó al magistrado que las comunicaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores “se realizaron telefónicamente, tanto verbales como a través de la aplicación WhatsApp” (lo que llevó al instructor a reclamar esa cadena de mensajes para intentar esclarecer en qué términos se trasladó esa orden).

El responsable militar de la base aérea, ascendido

Fernández Sánchez explicó que fue él quien intervino personalmente “en las comunicaciones con el general jefe de la Base Aérea de Zaragoza”, a quien se trasladó la orden de Exteriores de que no se controlase la documentación del líder del Frente Polisario “por razones humanitarias” y esgrimiendo que se trataba de un viaje de carácter “diplomático”.

Tres meses antes, quien fue relevado del cargo fue el hasta entonces responsable militar de la base aérea de Zaragoza, el general José Luis Ortiz-Cañavate, designado el pasado 3 de junio nuevo jefe de Movilidad Aérea del Mando Aéreo de Combate.

Días después, el 21 de junio, Ortiz-Cañavate informó al instructor por escrito de que en la base militar “se recibieron órdenes por vía telefónica de la sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire de que el personal que viajaba en el avión no pasara el control de pasaportes ni aduana”, por lo que desconocía su identidad más allá de la información que recibió de que en el aeronave viajaba “un paciente con pasaporte diplomático argelino que venía en una camilla medicalizada”. Tras recibir esa consigna, añadía, “no se siguió el procedimiento habitual”, que exige que los pasajeros procedentes de países de fuera de la zona Schengen “deben pasar control de pasaportes”.

Quien a diferencia de los anteriores sí permanece en su puesto es Eliseo Sastre -jefe de la Oficina de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu-, cuya declaración como testigo (todavía sin fecha) ya ha acordado el juez, según confirman fuentes jurídicas, para que aclare cómo se fraguó el traslado en ambulancia de Ghali desde Zaragoza al hospital San Pedro de Logroño, donde el líder del Frente Polisario permaneció hasta la madrugada del 2 de junio, cuando horas después de declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación a las dos investigaciones contra él, abandonó España rumbo a Argelia desde el aeropuerto de Pamplona (lo hizo, además, sin documentación) una vez el magistrado no vio necesario imponerle medidas cautelares que restringieran sus movimientos.