Memoria Histórica

Melilla, insumisa ante el Consejo de Transparencia por la estatua de Franco

Segundo requerimiento sobre la retirada de la efigie levantada en su memoria como comandante de la Legión

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El Gobierno de Melilla ha sido requerido por segunda vez a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que entregue documentación pública sobre la ejecución de la retirada –el pasado 23 de febrero– de la estatua dedicada a Franco como comandante de la Legión en la Ciudad Autónoma. La efigie estuvo junto a la muralla hasta que fue transportada a un almacén municipal, donde aguarda una decisión final por parte de los tribunales.

Han reclamado su restitución la Plataforma Millán Astray y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), cada una por su lado, aunque el objetivo sea el mismo: su reposición. La primera acaba de recibir una segunda resolución favorable del Consejo de Transparencia que obliga al Ejecutivo socialista de Melilla a dar información pública sobre la obra llevada a cabo para despejar la estatua de la vía pública. Así consta en la resolución RT 0385/2021 fechada el 8 de septiembre y firmada por su presidente, que insta a la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite, entre otros documentos, copias de la licencia de obra; los permisos de la Consejería de Cultura y detalles sobre instrucciones, personal y equipos empleados.

Se trata del segundo dictamen «contra la opacidad» del Gobierno de Melilla, denuncian fuentes de la Plataforma Millán Astray. En el primero, con referencia RT 0145/2021 y fecha del pasado 17 de junio, el Ejecutivo era condenado a facilitar al reclamante copia del expediente administrativo completo. En ambos casos la administración reclamada no efectuó alegaciones al Consejo de Transparencia, «lo que demuestra que está en una completa insumisión frente a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia», según las mismas fuentes. «Directamente no colaboran de forma reiterada», denuncian.

Además de los pleitos, también se ha acreditado documentalmente que el encargo de la estatua «retirada indebida y opacamente», se llevó a cabo en 1977, «ya en periodo democrático, y para resaltar el vínculo del comandante Franco con esas tierras africanas y, en especial, su salvación de Melilla en 1921 frente al rifeño Abd El Krim.

Desde la Plataforma Millán Astray consideran que las dos resoluciones de un organismo estatal como el Consejo de Transparencia, junto con el acta descubierta en los archivos, «contribuirán a inclinar la balanza de la Justicia a favor de la restauración de la estatua», con el objeto de que «lo antes posible vaya a su lugar original, como símbolo de protección y defensa de esa ciudad frente a los enemigos de España y de los españoles». En la Plataforma consideran que la retirada de la estatua, «desde su gestación hasta su consumación, es un procedimiento administrativo de irregularidades sin fin, una verdadera cacicada de un Gobierno zombi».

El pasado mes de junio, la Justicia ordenó a la Asamblea melillense como medida cautelar que «custodie y conserve en buen estado» la estatua de Franco a expensas de lo que pueda resolverse en el pleito principal.

Por su parte, la Fundación Franco interpuso recurso contencioso-administrativo contra una retirada que se hizo «deprisa y corriendo, antes de culminarse legalmente el procedimiento y antes de que se publicara el acuerdo en el Diario Oficial».

Para la Asamblea de Melilla se trataba de «evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura», según la exposición de motivos de la Ley de Memoria Histórica de 2007. El acuerdo aprobado el pasado 22 de febrero indica que la estatua de Franco, «si bien representa al dictador en su etapa como oficial de la Legión, en la que tuvo un papel relevante en la defensa de Melilla tras los trágicos acontecimientos de 1921, no deja estar dedicada a quien, quince años más tarde, se arrogó la jefatura del bando sublevado contra el legítimo Gobierno de la II República para, posteriormente asumir la Jefatura del Estado y ser, por tanto, el principal responsable de la represión que sobrevino durante el régimen que él mismo instauró».