Mesa de diálogo sin horizonte temporal y bajo secretismo

El diálogo de sordos entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès volvió a encallar en la forma en la que abordar la resolución del conflicto político en Cataluña. Unas divergencias que obligan a dilatar el calendario, porque no se puede pretender «arreglar en dos años, lo que se estropeó en diez». De ahí que el presidente del Gobierno apostara ayer por dejar a un lado cualquier horizonte temporal prefijado y renegar de «plazos», estos deben ser «lo más laxo posible», dijo. Así, la mesa seguirá sin calendario y, según explicó Aragonès, con trabajo «discreto» y reuniones secretas (otras serán públicas) con el objetivo, también, de aislarse del ruido y poder darle ruedo.

Lo cierto es que el ruido se va a convertir de ahora en adelante en el principal condicionamiento: las presiones de la derecha española, liderada por el PP, y del resto del separatismo, encabezado por JxCat, van a erigirse en las amenazas que pueden hacer descarrilar de un momento a otro este foro. JxCat ha quedado ya, de entrada, excluido de la mesa y no tiene visos de volver a integrarse porque Aragonès no tiene intención de cambiar su criterio de incluir solo a consellers (los posconvergentes quieren introducir también a miembros ajenos al Govern).

Aunque Sánchez dijo haber «escuchado atentamente» la apuesta por la autodeterminación y la amnistía del líder de ERC, sí advirtió que las posiciones están «muy alejadas» en este sentido. La apuesta de La Moncloa es comenzar a dialogar por aquello que les une y no por lo que les separa, porque esto implicaría que la negociación nacería viciada de origen. «De España tendremos que decidir todos los españoles, no una parte», respondió Sánchez a la puesta por el referéndum de la Generalitat, un posicionamiento que recuerda a los que exhiben los dirigentes territoriales del Partido Socialista.

En este punto, el presidente se mostró partidario de «hacer un esfuerzo todos por acercar posiciones en aquellas cuestiones en las que podamos hacerlo», pero puntualizando que «el Gobierno siempre va a respetar el orden constitucional», porque la ciudadanía catalana se volverá a encontrar a través de un acuerdo. «No podemos situar en la sociedad un conflicto», señaló, sobre el referéndum. En Moncloa volvieron a enarbolar la agenda del reencuentro que ya presentaran a Quim Torra en 2020 como un primer paso para abordar cuestiones materializables y tangibles. Sánchez definió la cuestión catalana como una problemática «larvada en la última década» y pidió en varias ocasiones «avanzar sin poner fechas en la resolución» de la misma. No obstante, quiso resaltar que «el clima es mucho mejor hoy que hace un año» y que «la mesa de diálogo es el foro» para registrar cualquier avance. «Estamos empeñados en recobrar afectos», destacó Sánchez, que pidió a la Generalitat que «cuente con la opinión de todos los catalanes y no solo de una parte de ellos. Un diálogo impostergable», puntualizó.

En una misma línea se pronunció Aragonès, quien quiso reivindicar una y otra vez la visita de Sánchez como un triunfo de cara a la oponión pública independentista, muy reticente a emplear vías de negociación con el Estado. El president presumió de que el «reinicio» de la mesa de negociación ha abierto una nueva etapa «en las relaciones entre Cataluña y España». No obstante, el encuentro se saldó sin resultados concretos y pidió que ahora se vayan dando avances, aunque también es consciente de que deberá cargarse de dosis de «tiempo y perseverancia». En cualquier caso, mostró total «firmeza» para seguir por la senda del diálogo y ha evitado valorar el papel de JxCat, que, de momento, está excluido.

La ampliación de El Prat se trató brevemente en el encuentro entre Sánchez y Aragonés pero sin registrar avances, solo para constatar que el Gobierno no ve en la Generalitat una posición «madura» sobre el proyecto y se aferra a esta división para aparcar una decisión que también le genera un profundo desgaste al Ejecutivo central. Se diluyen, de esta manera, todas las esperanzas para salvar la ampliación del aeropuerto. El president, lejos de mostrar voluntad por revertir el desacuerdo, dio señales de que prefiere optar por desentenderse ya que es consciente de que es un tema muy peliagudo para su partido.

En Esquerra andan muy divididos porque hay un sector amplio que critica el impacto medioambiental que puede tener esta obra (porque invadiría un espacio natural protegido). El Gobierno había tratado en los últimos días mostrar predisposición para la negociación, pero tampoco parece estar encontrándose la mano tendida en el otro lado de la mesa. De hecho, se había especulado en las últimas horas con retrasar un año la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) para dar margen a una negociación, pero fuentes gubernamentales dan por descartado esta opción. La fecha límite es el 28 de febrero.