El Supremo asegura que la euroorden contra Puigdemont “nunca se desactivó”

La detención del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en Cerdeña responde a una orden europea de detención y entrega (euroorden) cursada por el Supremo por un delito de sedición y que nunca ha dejado de estar vigente, han informado a Efe fuentes de este tribunal.

La orden fue dictada por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, el 14 de octubre de 2019 cuando el Supremo condenó por sedición a los líderes del proceso soberanista catalán que se pusieron a disposición de la justicia.

Ese día, Llarena reactivó las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de los huidos al extranjero y, desde entonces, no se han desactivado, aseguran las fuentes consultadas por EFE.

Todo ello a pesar de que Llarena presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si podía actuar o no contra Puigdemont una vez que las autoridades belgas rechazaron entregar al exconseller Luis Puig.

El TJUE admitió a trámite esa cuestión el 4 de mayo, pero aún no ha resuelto.

Y entre tanto, el pasado 30 de julio, el Tribunal General de la UE retiró al menos provisionalmente la inmunidad a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Lo que ha hecho Italia es ejecutar una orden que estaba vigente, como podía haber hecho cualquier otro país desde la retirada de la inmunidad parlamentaria. De momento, no existe comunicación oficial de las autoridades judiciales italianas al Supremo, que la esperan a primera hora de la mañana.

Por contra, el abogado del expresident, Gonzalo Boye, ha reaccionado rápidamente en Twitter y ha señalado que Puigdemont, que acudía a Cerdeña “como eurodiputado”, ha sido detenido en función de la euroorden dictada el 14 de octubre de 2019 por el Tribunal Supremo, la cual, subraya, “por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida”.

“España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima”, ha añadido el letrado.