Consecuencias políticas

Moncloa tantea a ERC y le pide calma pensando en los Presupuestos

Respira con la decisión del juez italiano. Sabe que Esquerra romperá si se inicia ahora la vía penal contra Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la mesa de diálogo con ERC
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la mesa de diálogo con ERCJavi MartinezPool

Sosiego y calma. Éstas fueron las dos palabras más utilizadas ayer en el seno del Gobierno para despejar a córner las preguntas sobre las consecuencias políticas de la detención del prófugo ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Cerdeña.

El «incidente» podría ser el aleteo de la mariposa que desmontase todo el entramado sobre el que se sostiene el Gobierno de coalición. O quedarse simplemente en un movimiento, puede que intencionado, por parte de Puigdemont para recuperar el foco mediático y tratar de explosionar desde fuera la «mesa» de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat catalana, y de la que se ha quedado sin representación su partido, Junts.

La decisión del juez del Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) de dejarle en libertad, a la espera de que comparezca de nuevo el 4 de octubre para valorar la demanda de entrega a España, calma, por el momento, la ansiedad que provoca en Moncloa la posibilidad de que justo ahora Puigdemont pueda ser obligado a someterse a la acción de la Justicia española.

El proceso es muy complicado, y hasta en el principal partido de la oposición son escépticos sobre la posibilidad de que ese escenario se concrete, y mucho menos a corto plazo. Pero es una posibilidad que, de hacerse realidad, supondría volar por los aires la «mesa» bilateral, que, a fin de cuentas, hasta ahora es un elemento decorativo al servicio de los intereses de las dos partes, Gobierno y ERC. En Moncloa también saben que los republicanos no podrían sentarse a negociar los Presupuestos con Puigdemont sometido a la acción de la Justicia española.

En sentido figurado, puede decirse que en el Gobierno «rezan» para que si esa entrega tiene que producirse, sea, al menos, después de que hayan salido adelante los Presupuestos. Pedro Sánchez tiene al alcance la posibilidad de prorrogar los actuales, lo que, en un marco de normalidad política y económica, sería una anomalía, pero casi ya asumida en el patrón de la normalidad.

Sin embargo, en Bruselas sí esperan unas nuevas cuentas como garantía de estabilidad: un mínimo gesto después de que se haya aprobado la concesión de la ayuda de esos 140.000 millones de euros a través de los fondos europeos.

A esto se suma que la idea de que si Puigdemont viene, habría juicio, condena e indulto inmediato, no es en la realidad tan fácilmente ejecutable. Con un prófugo, el indulto sería más complicado de ejecutar, aseguran fuentes jurídicas, y, en todo caso, ya sólo el proceso anularía por completo la vía de diálogo que sostienen Gobierno y ERC.

Puigdemont es, por tanto, el principal obstáculo para la hoja de ruta de Moncloa y de ERC si se sale del guion. Poco importa lo que piensen en ERC de él, la ruptura política y personal de Junqueras y el prófugo, o que los republicanos deseen en su fuero interno que su fuga tenga las mismas consecuencias penales que ha tenido para su líder. En un clima de tensión, ERC tiene que cerrar filas con Junts, y atarse al mástil de la amnistía sin juicio, a sabiendas de que Sánchez jamás podrá concederles esa exigencia.

Entre Moncloa y ERC ha habido tanteos informales en estas últimas horas y el Gobierno les ha pedido calma para hacer frente al «bache» sin que salten por los aires sus planes para, a la larga, conseguir que ERC se afiance en la Presidencia de la Generalitat y que Sánchez pueda contar con sus mismos socio en la próxima Legislatura.

El presidente del Gobierno se comprometió de forma solemne a traer a Puigdemont a España para que respondiese ante la Justicia en noviembre de 2019, poco antes de las últimas elecciones generales.

Aquello fue un compromiso de Estado, pero, ahora, aquel compromiso podría hacer caer como un castillo de arena su plan para agotar la Legislatura de hacerse realidad. En el ámbito judicial subrayaban ayer que la gestión de la extradición no es competencia del Gobierno. Y que, además, Sánchez se ha encontrado con una situación que le venía dada de los «errores» que cometió Mariano Rajoy en la gestión del procés. «Pero al Gobierno de Sánchez sí le corresponde mantener una acción exterior que prime el interés general por encima de las alianzas coyunturales».

En una declaración institucional en La Palma, la reacción de Sánchez fue reivindicar el diálogo con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, además de recordar que cuando Puigdemont huyó de la acción de la Justicia española había otro Gobierno, señalando así al PP.

«El Gobierno expresa su respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en Italia. Entendemos que Puigdemont debe comparecer y someterse a la Justicia».

A la espera de que se aclare el panorama judicial, en el plano político Moncloa está dispuesta a resistir ante el nuevo pulso por parte de ERC. Los secesionistas de Junqueras quedan obligados a criticar la detención, cargar contra el Estado y apalancarse en sus exigencias de amnistía y autodeterminación. Y el Gobierno seguirá apelando al diálogo, como ayer lo hizo Sánchez. «Es la única salida que tienen, y lo saben, si no quieren que les fagocite de nuevo Puigdemont».