El ridículo en la UE como solución

Es la solución del Gobierno: dejar que España quede en ridículo, como adelantó Puigdemont. Es la única salida para un problema, la aparición del prófugo y su requerimiento judicial, que enturbia el plan sanchista.

La estrategia planteada hace tiempo por el PSOE es consolidar una alianza con ERC en Cataluña y España. Esto se traduce en que los socialistas ayuden a la izquierda nacionalista a conseguir la hegemonía en su región con una política de inversiones en infraestructuras, con mirada social, «progresista» la llaman, y con gestos al independentismo. A cambio, el sanchismo obtiene el apoyo esta legislatura y sueña con tenerlo en la próxima, cuando cada voto cuente ante el avance del PP.

Este el único sentido de la «mesa bilateral», que se vea esa alianza basada en el «diálogo», palabra taumatúrgica para ambos, y arrinconar al constitucionalismo contestatario tanto como a Junts Per Cataluña. Frente al «inmovilismo», el acercamiento armonioso del PSOE y ERC.

A esto se suma una política de comunicación un tanto tosca. La apuntó José Zaragoza, diputado del PSC en el Congreso: la culpa es del PP. Los referéndum ilegales, la declaración unilateral de independencia, las leyes de desconexión y la fuga de Puigdemont fueron por el malhacer de los populares en el Gobierno de España. El radicalismo de los constitucionalistas, dice, es equiparable al de Junts. Y frente a estos, que crispan y entorpecen la democracia, se sitúan los socialistas y la izquierda nacionalista en un ejemplo de armonía y paz universal.

El otro culpable, cuyo señalamiento es más solapado, es el poder judicial. El sanchismo ha trabajado bien desde hace tiempo la imagen de que las personas que toman decisiones judiciales están en su puesto de forma ilegítima e inmoral. Esto permite al PSOE separarse de las sentencias que perturban su plan y alinearse con los independentistas, que son quienes finalmente deciden si su jefe sigue en La Moncloa.

La aparición de Puigdemont solo es un problema para Sánchez y ERC. No lo es para el Tribunal Supremo, ni para el PP, Vox o Ciudadanos, que reclaman algo básico: que el Estado persiga a los prófugos. Tampoco para el Tribunal General de la Unión Europea, a quien rápidamente aseguró la Abogacía del Estado sanchista que la euroorden estaba suspendida, lo que es incierto.

La imagen del ex presidente de la Generalitat entrando en un juzgado español, rodeado de las fuerzas del orden, y sentado en un banquillo es la pesadilla de Sánchez. La venta del discurso de la paz kantiana quedaría roto, la «mesa bilateral» disuelta, y el independentismo echado al monte una vez más. Por mucho que el sanchismo culpara a los jueces y a la derecha, no podría sacrificar el Estado de Derecho.

ERC también queda comprometido. Lo primero que hizo Aragonès fue visitar a Puigdemont en Cerdeña, y luego Junqueras advirtió que la mesa de diálogo está en peligro de extinción. Si el fugado queda en manos de la justicia española ERC no podría negociar los Presupuestos Generales del Estado con el PSOE, no pondría las bases de su hegemonía en Cataluña gracias al sanchismo, y tendría que competir en radicalismo con Junts.

En consecuencia, el Gobierno no hará nada para que Puigdemont sea entregado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para su enjuiciamiento por sedición y malversación. Puede perder a su aliado y desbaratar un discurso que cree que le puede funcionar en toda España para resucitar en las encuestas. Este Gobierno no tiene un interés nacional, sino personal: servir a Pedro Sánchez. Por tanto, la mejor solución es oír, ver y callar, dejar que, como dijo Puigdemont, España vuelva a hacer el ridículo en Europa.