El vecino de Iglesias que irá a juicio por acoso ve “excesiva” y “sin sentido” la fianza de 52.000 euros

La abogada de Miguel Ángel Frontera, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión por el supuesto acoso durante meses a la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid), quiere que el juez le rebaje la fianza de 52.266 euros que le ha impuesto para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que sea condenado. En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, la letrada asegura al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba que esa cantidad es “absolutamente desproporcionada” y “carente de sentido” y le reclama que la deje sin efecto o la reduzca.

Polonia Castellano le traslada al instructor su “sorpresa” ante la fianza impuesta teniendo en cuenta, subraya, que considera “prácticamente descartable” que se pueda condenar a Frontera a una responsabilidad civil “de tan elevada cuantía”. De hecho, llama la atención sobre el hecho de que la propia Fiscalía solicita una fianza que, aunque le parezca excesiva, es “mucho menor”.

El Ministerio Público solicita que se le impongan multas que suman 13.800 euros y la acusación que ejercen Iglesias y Montero pide para el acusado (además de una condena de año y medio de prisión) una multa de 9.000 euros y 20.000 más como indemnización por daños morales).

En cuanto a la posible responsabilidad civil que se le pueda imponer por atentar contra el honor del ex vicepresidente y la ministra de Igualdad, subraya que para fijar esa cuantía se ha de tener en cuenta “tanto el beneficio económico que haya podido obtener” el acusado como la difusión del medio utilizado para ese daño al honor y “sobre todo, la gravedad de la lesión efectivamente producida”.

Frontera -subraya- “nunca habría obtenido un beneficio económico” con su actuación y la actuación que se le imputa (y la consiguiente dimensión de esos supuestos daños morales) “no justificaría tampoco tan importante responsabilidad civil”. En consecuencia, insiste en que la fianza “resulta indudablemente excesiva”.

Una caución que la letrada considera desproporcionada “incluso por comparación con cualesquiera otros supuestos de imputación de delitos de calumnias o injurias a particulares”.

La Fiscalía pide tres años de cárcel

La Fiscalía acusa a Frontera de la comisión de dos delitos continuados de injurias graves a la autoridad con publicidad, acoso y descubrimiento de secretos. Asimismo, quiere que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros del domicilio o lugar de trabajo de Iglesias y Montero durante un plazo de entre dos o tres años, el mismo tiempo durante el cual reclama que se le impida asimismo comunicarse con ellos “por cualquier medio”.

La fiscal expone en su escrito de acusación que entre el 15 de mayo y el 12 diciembre de 2020 (cuando el juez le impuso una medida de alejamiento) , las protestas de Frontera provocaron “una alteración” de la vida familiar de Iglesias, Montero y sus tres hijos menores por los “ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad” y por la “limitación de movimientos” de ambos con sus hijos “por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos”. El relato de la acusación pública hace referencia a que Frontera acudía a las inmediaciones del domicilio con un “aparato de música con altavoces en el que se reproducía con el volumen alto el himno nacional”, además de proferir gritos” contra Iglesias (“chepas”, “garrapata”, “no vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela”) y llevar a cabo “caceroladas con las consiguientes molestias para los allí residentes”.

La defensa de Iglesias y Montero imputa a Frontera delitos de coacciones continuadas, injurias graves contra las instituciones del Estado y descubrimiento y revelación de secretos. Según sus abogados, la presencia de Frontera acarreó para ambos durante meses “una alteración de su vida familiar y sus compromisos laborales” por la “limitación de movimientos”, los ruidos, la “incertidumbre y la intromisión en el normal desenvolvimiento familiar y de su intimidad”. Una actitud que llegan a calificar de “injustificada y antisocial” y que, según exponen, excede el derecho a la “legítima protesta” y a la libertad de expresión por tratarse de un “mero insulto” y de un “hostigamiento” y “continuo acoso” contra “quienes considera enemigos políticos”.