Casado cambia a su equipo de ideólogos para llegar a Moncloa

Costa, Uriarte, Teresa Freixes o Elisa de la Nuez montan los «papeles» programáticos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, clausura el XXV Congreso Extraordinario de la European Seniors' Union
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, clausura el XXV Congreso Extraordinario de la European Seniors' UnionRodrigo JiménezEFE

La renovación de Pablo Casado ha llegado también a su «fontanería» de ideólogos. En el viejo PP se quejan de que no se cuente con ellos ni siquiera por aquello de su experiencia, a pesar de que la necesidad o el espíritu del nuevo mando les obligue a quedarse fuera de toda visibilidad y cargo. Pero, efectivamente, no están ni en la sombra porque Casado ha decidido apoyarse en otro «think tank» para vestir su alternativa al Gobierno de coalición.

En los «papeles» con lo que han estado trabajando en la dirección popular para dar forma al nuevo «contrato social» que pretenden presentar a lo largo de esta semana, con motivo de la Convención Nacional que cerrarán en Valencia el próximo domingo, han participado perfiles tan diversos como José Abad (ex del Fondo Monetario Internacional y consejero de Red Eléctrica), Juan Costa (ex presidente mundial de EY), Edurne Uriarte (catedrática de Ciencias Políticas, autora del libro «Feminista y de derechas» y coordinadora de la Convención), José María Fidalgo (ex secretario general de CC OO) o Enrique López (consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y hombre fuerte de Casado, como le señalan en Génova).

En el equipo pueden meterse otros nombres como el de Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional. Y el del Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional. Del pasado queda poco más que Manuel Pizarro, economista y que llegó a ir como «dos» de la lista de Mariano Rajoy.

La apuesta de este PP son otros nombres para afrontar problemas que vienen de lejos, y con los que otros Gobiernos del PP ya lidiaron, «pero que hay que ubicar en la realidad presente», puntualizan en Génova. Allí están al tanto de las voces, ex ministros, que consideran que su capital está siendo infrautilizado porque serían muy buenos consejeros «a cambio de nada». En esta línea apuntó ayer en una entrevista en La RAZÓN el ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo. Casado no está tirando de sus ex ministros de Justicia para gestionar la crisis por el bloqueo en la renovación del Poder Judicial ni tampoco de expertos en el tema energético como el ex ministro José Manuel Soria para fijar su posición en relación al problema de la subida de la luz. El cambio en el organigrama se traslada a una renovación también de la fontanería del pensamiento, de la que cada vez está más fuera la FAES de José María Aznar.

La Convención se medirá en la capacidad de Casado de mostrar unidad, y ahí le duele la herida de su crisis con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en la capacidad de hacer creíble su alternativa. El objetivo del líder popular es lanzar su nuevo «contrato social» tras la Convención para «recuperar la confianza en las instituciones». Y en el cónclave los populares esbozarán algunas de las propuestas que irán a su programa para los cien primeros días de gobierno. Como una ley para la reforma energética que clarifique el mix energético, «saque los costes no eléctricos de la factura, dé certidumbre y la reduzca en un 20 por ciento», según figura en los «papeles» de la Convención.

También llevarán una ley para el reforzamiento de la independencia judicial, en línea de lo que vienen defendiendo en el Congreso, y que incluye medidas como la prohibición de nombrar a una fiscal general del Estado que haya ejercido labores políticas o el cambio del sistema de elección para que los jueces elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Derogar la Ley Castell y la Ley Celaá

Y, por supuesto, otra nueva ley educativa, que «permita dar estabilidad a la comunidad docente en el ámbito normativo». «La Ley Castell y la Ley Celaá serán derogadas y sustituidas por otras que primen el esfuerzo, el mérito y reconozcan a los docentes», confirmarán en las mesas de debate de la Convención.

Otro punto que destacarán será la incorporación del reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haciendo suyo el compromiso de la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con otros Cuerpos y mejorando las condiciones de trabajo de los funcionarios de prisiones. Este debate está abierto desde la etapa de Gobierno del PP, y en los últimos días han vuelto a la calle las protestas, en este caso contra el Gobierno de Sánchez, por no haberse cumplido lo pactado.

La propuesta programática de la Convención se basará en los cinco pilares sobre los que Casado asentó su compromiso político desde su victoria en el Congreso de la sucesión de Rajoy: Nación, Libertad y responsabilidad individual, Estado de Derecho y seguridad, Libre mercado y propiedad privada, e Igualdad de oportunidades y bienestar.