Belarra gasta 30.000 euros en un servicio médico privado para su ministerio, a pesar de contar con uno público

Derechos Sociales justifica su decisión asegurando que no cuenta con “los medios humanos ni materiales adecuados ni suficientes para la realización” del servicio de vigilancia de salud

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante el pleno del Congreso celebrado este martes. EFE/Javier Lizón
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, durante el pleno del Congreso celebrado este martes. EFE/Javier LizónJavier LizónEFE

Un servicio de protección ajeno, para la vigilancia de la salud del personal de los servicios centrales del Ministerio de Derechos Sociales. En paralelo al servicio médico público que ya existe en la misma sede, en el Paseo del Prado, 18, y que da cobijo también al Ministerio de Sanidad y Consumo. Así, el sistema público sanitario atiende a los funcionarios, así como empleados y directivos de los tres ministerios.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 230, que dirige la ministra Ione Belarra ha sacado un anuncio de licitación con el objetivo de contratar a una empresa para que se encargue del servicio de prevención y vigilancia de la salud de sus empleados y altos cargos. Un contrato que el ministerio estima en un importe total de 30.000 euros. Un expediente para el que no se prevé prórroga y para el que se establece un plazo máximo de realización hasta el 10 de diciembre de 2021, a contar desde su adjudicación.

El objetivo del servicio, según el acuerdo de inicio de la licitación, es la realización de reconocimientos médicos a los empleados públicos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Según defiende el ministerio en la memoria justificativa, el artículo 22.1 de la Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

375 reconocimientos

El Ministerio de Derechos Sociales reconoce la necesidad de un total de 375 reconocimientos médicos generales, para cubrir un total de 300 puestos que ocupa personal funcionario y 75 puestos de trabajo laborales. Cada reconocimiento general, según se estima, costará 50 euros, mientras que las analíticas, sin IVA, tienen un precio total de 30 euros por paciente. El coste del expediente se hará con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto de gastos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Un contrato que, desde los servicios del ministerio de Derechos Sociales, explican que la subdirección General de Recursos Humanos y de Inspección de Servicios “no dispone de los medios humanos ni materiales adecuados ni suficientes para la realización durante el ejercicio económico de 2021, de este servicio”.

Según consta en los documentos, la empresa que resulte adjudicataria deberá contar con un centro asistencial en la Comunidad de Madrid, así como de personal sanitario “con competencia técnica, formación y capacidad acreditada” y con “la dotación de personal suficiente y necesario para el desempeño de la actividad a contratar”.