Tercer aviso desde el Consejo de Transparencia a Melilla por la estatua de Franco

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –con fecha del 24 de septiembre– ha hechoun tercer requerimiento al Gobierno de Melilla para que aporte la documentación que la Plataforma Millán Astray reclama en su batalla legal para reponer la estatua de Franco junto a la Muralla Vieja.

Tras el segundo aviso por parte del Consejo de Transparencia, a última hora del lunes 27 llegó al domicilio del secretario de la entidad un sobre procedente de Melilla con «correos electrónicos que incluían las órdenes que desembocaron en la retirada de la efigie el pasado 23 de febrero», apunta el propio Guillermo Rocafort, pero siguen sin tener a su disposición los documentos que solicitaron el 22 de marzo.

En esta relación figura la documentación sobre el «encargo de la estatua del comandante Franco en Melilla (contratos, facturas, albaranes, pagos, etc.), las actas del pleno del Ayuntamiento del año 1921; la especificación de la protección de que disfrutan los inmuebles sitos en el conjunto histórico de Melilla como Bien de Interés Cultural (BIC) y la normativa aplicable para cualquier actuación que se realice en ellos». Pero, «especialmente, el expediente completo de declaración como BIC del conjunto histórico de Melilla y de todas las actuaciones que se han llevado a cabo en sus inmuebles y equivalentes en los siete últimos años». Esto «se debe», explica Rocafort, «a que la estatua tiene la consideración de un bien inmueble, y se trata de tener una relación sobre cómo han actuado en la zona monumental donde se encontraba la efigie hasta que se la llevaron».

El objetivo último es «crear un escenario que nos sirva para el procedimiento judicial», con el fin de «dar a conocer al juez cuáles eran los precedentes y cómo se intervino en la retirada de la estatua para establecer las diferencias y, en última estancia, determinar las consecuencias jurídicas», explica el secretario de la Plataforma Millán Astray.

Lamenta Rocafort que «es ya una constante no responder a los requerimientos de un organismo estatal» por parte del Gobierno de Melilla. Y si lo hacen «es tarde y mal, lo que demuestra que no hay comunicación entre las administraciones».

En el último requerimiento por parte del Consejo de Transparencia se recuerda que, «con fecha 18 de mayo de 2021, se remitió el expediente al director general de Atención y Participación Ciudadana y a la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma, al objeto de que pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas». Pero, concluye, «a la fecha» de «la presente reclamación no se han recibido».

Por este motivo, explica el organismo gubernamental que «no haya podido confrontar la opinión de la administración reclamada con lo expuesto en la reclamación» y, «en consecuencia, ha tenido que realizar, únicamente con los elementos de que dispone en el expediente y en el marco de la normativa aplicable y de la jurisprudencia existente, la determinación de si la información constituye o no información pública». Su conclusión es que «debe estimarse la reclamación presentada» [por la Plataforma Millán Astray], y concede al Gobierno melillense «treinta días hábiles» para responder.

Mientras persiste esta «contumaz desobediencia» y «falta de colaboración», la estatua permanece guardada dentro de una caja en un almacén municipal de Melilla.