La Fiscalía suiza, el último frente del Rey emérito

Si finalmente se archivan las investigaciones en España contra Don Juan Carlos, aún deberá estar pendiente de la que mantiene abierta desde 2018 el fiscal Bertossa

El Rey Juan Carlos I, en el Congreso el 6 de diciembre de 2018 en los actos del Día de la Constitución
El Rey Juan Carlos I, en el Congreso el 6 de diciembre de 2018 en los actos del Día de la Constitución FOTO: Servicio Ilustrado (Automático) EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

Si el Rey emérito cierra el año, como parece, con el alivio de saber que ya no está en el punto de mira de la Fiscalía del Tribunal Supremo, a Don Juan Carlos aún le quedará una investigación que sortear: la del fiscal suizo Yves Bertossa, quien desde agosto de 2018 indaga en la fortuna oculta del padre de Felipe VI. Una investigación que ha retroalimentado a las impulsadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo -el fiscal del cantón de Ginebra se trasladó a España el pasado julio para reunirse con los fiscales españoles encabezados por Juan Carlos Campos y el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón- y que ha versado incluso sobre los mismos hechos pero que, una vez se dé carpetazo a las diligencias en nuestro país, está por ver qué recorrido pueden tener en Suiza.

Tanto desde la Audiencia Nacional, por medio del juez Manuel García Castellón -instructor en su día de la “pieza Carol” en la que las grabaciones de Villarejo a Corinna en Londres en 2015, en las que la ex amante del Rey desveló que tenía cuentas en Suiza donde ocultaba supuestas comisiones por intermediar en las obras del AVE a la Meca y que ella misma había actuado como testaferro-, como desde la propia Fiscalía Anticorrupción se trasladó a Bertossa la competencia española para investigar los hechos.

Pero el fiscal suizo siempre ha seguido adelante con sus pesquisas desde que reclamó a la Audiencia Nacional las grabaciones de Villarejo a Corinna Larsen, cuando la consultora danesa acudió al ex comisario desesperada, con la mediación del ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, ante las supuestas amenazas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de las que responsabilizaba a su entonces director, Félix Sanz Roldán, némesis de Villarejo, que le señala de forma incansable como máximo responsable de sus desdichas judiciales.

Pero ahora que los fiscales del Supremo no piensan llevar más allá de diciembre (cuando tocaría prorrogar sus pesquisas), las investigaciones sobre la fortuna oculta del Rey emérito, el rumbo de la actuación del fiscal suizo es una incógnita. Por un lado, Bertossa intenta esclarecer el cobro por parte del monarca de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) que habría ocultado en la banca Mirabaud con la ayuda del gestor de fortunas Arturo Fasana y del abogado suizo Dante Canonica. Fasana era el administrador de la Fundación Lucum, donde Don Juan Carlos recibió en agosto de 2008 la donación del entonces soberano saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd, fallecido en 2015.

1.9 millones del sultán de Bahrein

Lo cierto es que ni siquiera los fiscales de Anticorrupción llegaron a la convicción de que esa cantidad se abonó en agradecimiento por su intermediación a favor de un consorcio de empresas españolas en la adjudicación en 2011, por un total de 6.700 millones de euros, de las obras de construcción del Ave del Desierto entre Medina y La Meca. Y, en todo caso, para la Fiscalía ésta es la investigación que más claramente está amparada por la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos I hasta su abdicación en junio de 2014, pues los hechos se enmarcan entre los años 2008 y 2012, por lo que no serían perseguibles penalmente.

Pero durante la investigación de Bertossa también afloró (así lo desveló Fasana al fiscal helvético) un ingreso de 1,9 millones de dólares en abril de 2010 (igualmente cuando el emérito era impune penalmente), también en la cuenta de la Fundación Lucum en el banco Mirabaud, aunque en este caso el “benefactor” era el sultán de Bahrein.

En todo caso, señalan fuentes jurídicas, si ya resultaba muy complicado que Don Juan Carlos declarase ante la Fiscalía del Tribunal Supremo sin haberse judicializado la investigación ante la Sala Segunda ni tener la condición de investigado/imputado, mucho más complicado se antoja que estuviese obligado a comparecer ante la Fiscalía suiza por unos hechos que, tras más de un año de investigación, hayan sido archivados en España por falta de indicios sólidos, por la prescripción de los supuestos delitos tributarios y de blanqueo o por haberse producido bajo el paraguas de la inviolabilidad.

Análisis de la documentación suiza

Y es que para tomar su decisión de archivar previsiblemente la investigación por el cobro de esa presunta comisión de casi 65 millones de euros, la Fiscalía española ya ha analizado minuciosamente toda la documentación en poder del fiscal suizo sobre esa hipotética comisión y las cuentas utilizadas para abonarla (un montante que finalmente el Rey emérito transfirió en 2012 a Corinna Larsen, dos meses después de su accidente de caza en Botsuana, mediante un ingreso en la cuenta de la sociedad Solare Investors Corporation del banco Gonet y Cie en Nassau, en Bahamas). De ahí que resultaría difícilmente asumible (y sumamente incómodo) para la Fiscalía española que, con la misma documentación en la mano, Suiza decidiese seguir adelante con esas pesquisas.

En todo caso, si finalmente los fiscales del Supremo dan carpetazo a sus investigaciones -ante la falta de indicios suficientes, por la prescripción de los delitos fiscales o regularizaciones tributarias mediante (más de cinco millones ha abonado el emérito para ponerse al día con Hacienda y evitar una posible imputación)-Don Juan Carlos dejará atrás 2021 mucho más tranquilo. Pero mirando de reojo a Suiza.