«Conseguiremos que Franco vuelva al Valle de los Caídos»

«Conseguiremos que Franco vuelva al Valle». El Instituto de Política Social (IPSE), entidad defensora de la familia y el derecho a la vida, impulsa estos días una campaña para exigir la devolución a Cuelgamuros de los restos de Francisco Franco, exhumado en octubre de hace casi dos años, y pide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos un «pronunciamiento inmediato». El IPSE –nacido en 2019– ya recogió firmas para evitar la expulsión de los monjes benedictinos y la retirada de la cruz que preside el complejo del Valle de los Caídos. «Ahora se trata de dar un paso más» y «acompañar a la Fundación Franco, que lleva muchos años dando la batalla», explica el presidente de la entidad, Pablo Hertfelder, acerca de una cruzada que suena utópica a ojos del abogado de los Martínez-Bordiú Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, que dice no conocer el Instituto de Política Social y define el objetivo respecto a quien ahora descansa en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo) como «un sueño». Un imposible.

Hertfelder ha encontrado respaldo en la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). «Estamos en contacto con él, poco más», afirma el presidente ejecutivo al frente del legado franquista, Juan Chicharro. «No hay nada con ellos, solo buen ‘feeling’», añade.

Sobre la campaña del IPSE asegura Chicharro que, «aunque nos gustaría que los restos de Franco volvieran al Valle, lo que no admitimos es la anomalía de la situación presente –sus restos secuestrados en Mingorrubio– y aún menos cuanto se pretende con el proyecto de Ley de Memoria Democrática».

Reconoce el general de Infantería en la reserva que el Tribunal de Estrasburgo «ya se manifestó implícitamente al no admitir a trámite la demanda que en su día se presentó para permitir esencialmente el derecho de la familia a enterrar a su abuelo donde quisiera; algo que, por cierto, el propio Gobierno estableció por real decreto, aunque luego incumplió al no gustarle la catedral de la Almudena», elegida por los nietos.

En opinión de Chicharro, «la venganza del Gobierno contra Franco y a quienes representó alcanza un carácter surrealista y muy lejos del respeto a los muertos de toda persona civilizada».

Coincide Pablo Hertfelder en la crítica por el desenlace del 24 de octubre de 2019. «Consideramos que no es democrático y es ilícito atentar contra una basílica, un lugar sacro, para arremeter con alevosía y sectarismo contra la familia Franco». Confirma que han presentado una petición a Estrasburgo para que «se pronuncie de inmediato», porque «es fundamental que dé la razón a la familia cuya dignidad ha atacado. Hablamos de asaltar tumbas, de odio».

Dice Hertfelder, de 24 años, que «la Historia es como es y hay que respetarla, no podemos inventarla ahora o cambiarla a nuestro gusto, y lo que vemos es un resentimiento por parte de la izquierda más radical. El Gobierno de Pedro Sánchez lo forman los mismos que quisieron la República, que violaron monjas, asesinaron sacerdotes y que en Paracuellos fusilaron a cientos».

El IPSE se posiciona «rotundamente en contra del matrimonio homosexual, de la ideología de género y la imposición ideológica en las aulas», y apoya «la dignidad de la verdadera Historia de España». Sus responsables presentaron la «primera querella contra la Ley Celaá» y fueron «de los primeros en mostrarse en contra de la eutanasia en Estrasburgo».