El Gobierno dedica 11,8 millones para exhumaciones y la “resignificación” del Valle de los Caídos

El Gobierno tiene previsto invertir el año que viene 11,8 millones de euros para desarrollar la Ley de Memoria Democrática (LMD) –que según el Ejecutivo, entrará en vigor a finales de este año o principios de 2022– y los trabajos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En concreto, son 11.826.300 euros los que figuran en el documento entregado hoy a las Cortes para desarrollar aquellas novedades que comportará la entrada en vigor de esta norma, cuyo debate de enmiendas a la totalidad celebra mañana el pleno de la Cámara Baja.

Este importe será destinado a partidas como la exhumación de hasta 800 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la “resignificación” del Valle de los Caídos. Así consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, en el que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños desde julio, cuenta con 276,4 millones de euros.

De ese presupuesto total para el departamento de Bolaños, las políticas de memoria democrática recibirán 11,8 millones de euros, frente a los 11,3 –500.000 euros más–, que se le asignaron en los Presupuestos de 2021, para avanzar en la exhumación de víctimas del franquismo y desarrollar otras medidas “en materia de conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Según se detalla en el tomo específico del Ministerio de Presidencia, que recoge Europa Press, el incremento del presupuesto para memoria responde a la creación de nuevas subvenciones así como a la previsión de iniciar en 2022 la “monumentalización de determinados lugares de memoria, continuar el proceso de resignificación democrático en el Valle de los Caídos, y proceder a la adquisición de una herramienta de software para la gestión del banco de AND a nivel nacional”.

En concreto, el Gobierno tiene previsto proseguir este año con las tareas de exhumación “que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos” depositado en el Valle de los Caídos, así como “iniciar el proceso de resignificación democrático” que prevé la Ley de Memoria, pendiente de su tramitación parlamentaria.

Además, ese presupuesto de 11,8 millones también servirá para elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, de carácter público, tal y como pidió la ONU, con la colaboración de las comunidades autónomas, administración local, universidades, asociaciones de Memoria Histórica, fundaciones y particulares.

También se pretende elaborar un censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada, y otro para recabar información sobre la retirada de simbología franquista, mediante la creación de una herramienta informática, que permita localizar e identificar los vestigios, para proceder a las retiradas oportunas.

En cuanto al Plan de Exhumación de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, el Gobierno ampliará en 2022 la búsqueda e identificación de estos desaparecidos, al considerar que “constituye una obligación y responsabilidad del Estado”. Es más, defienden que esta cuestión “deberá configurarse como una auténtica política pública que tendrá impulsar y acometer el Gobierno tanto de manera directa, como en colaboración con las CC AA y las Ciudades de Ceuta y Melilla”.

La guía de objetivos eleva a un millar los cuerpos que se prevén localizar en 2022 –la misma cifra que figuraba para 2021 y que no pudo ejecutarse porque la ley no ha sido aprobada aún– gracias a las actuaciones impulsadas desde el Gobierno, y se cuantifican en 800 los cuerpos que se quieren exhumar; el cálculo para el año en curso apunta a 700 desaparecidos localizados y 450 exhumaciones.

El número de fosas actualizadas en el mapa nacional se mantiene en 400 y suben a 120 los beneficiarios de subvenciones para aplicar políticas de memoria, 40 de los cuales en régimen de concesión directa y 80 en concurrencia competitiva.

Igualmente se presupuesta la recogida de ADN a 500 familiares y se repite la catalogación no realizada de 200 edificios que fueron construidos mediante trabajos forzados por los batallones disciplinarios del franquismo.

El documento con las cuentas públicas para el próximo ejercicio destaca que la nueva norma permitirá iniciar la “monumentalización” de los llamados “lugares de memoria”.

También se consignan varias actuaciones específicas concretas. Una de ellas es una exposición sobre “La Desbandá”, el éxodo a pie desde Málaga hasta Almería de civiles y tropas republicanas ante la llegada del Ejército franquista a la provincia y que costó la vida a cientos de personas.