La Audiencia Nacional solicita facturas a TV3 en el marco del caso 3%

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado toda una batería de diligencias para indagar si algunas adjudicaciones de contratos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales(CCMA) a empresas audiovisuales tuvieron un sobreprecio al coste real del programa y este dinero acabó en mordidas para financiar el extinto partido Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). De entre una veintena de requerimientos que el magistrado ha solicitado en el marco del ‘caso del 3%’ está la petición de facturas a la televisión pública catalana TV3 y a Mediapro que se está produciendo este martes, según ha podido saber LA RAZÓN, en una operación conjunta entre Mossos d’Esquadra y Guardia Civil.

El Juzgado Central de Instrucción n º5 de la Audiencia Nacional, en un auto con fecha del pasado 29 de septiembre al que ha tenido acceso este diario, solicita documentos a diferentes personas físicas y sobre todo jurídicas del sector público y del privado para continuar con la investigación de la pieza denominada Triacom. Se llama así porque las actuaciones giran en torno a Triacom Audivisual SL. y cercan a su representante Oriol Carbó, uno de los principales investigados. El juez Pedraz describe una tupida red de corrupción en el sector público y privado cuyo último beneficiario era el partido CDC.

Carbó realizaba pagos a la mercantil Hispart -cuyo dueño era Joan Manuel Parra, también imputado en la causa- sustentados en facturación falsa, en compensación de la deuda que el partido catalán había contraído con esta empresa especializada en la producción audiovisual por la organización de la campaña electoral de CDC en 2010. Ese año Artur Mas fue elegido por primera vez presidente de la Generalitat.

El posible patrón de actuación que revela Triacom, según los investigadores, sirvió para pagar a Parra y a David Madí, empresario muy vinculado al expresident Carles Puigdemont; así como sufragar gastos personales de empresas ligadas a CDC como la mujer de Madí, o la esposa de Oriol Pujol Ferrusola. Igualmente, Triacom pudo haber recibido dinero de algunas empresas que, en realidad, encubren donaciones como el caso de Telefónica.

La Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra están requiriendo facturas, albaranes y cualquier tipo de documentación de Triacom Audiovisual SL entre los años 2009 y 2016. Asimismo, el juez ha pedido a TV3 que aporte todos los contratos con la corporación y la documentación relativa a normas internas del ente público para la contratación de servicios de producción audiovisual. Los investigadores sospechan que Triacom ganaba concursos para producir programas en la televisión pública catalana y que se pactaba un sobreprecio al coste real que luego terminaba en mordidas para empresarios afines al partido.

TV3 es el principal cliente de Triacom, aportando en el periodo entre 2010 y 2016 más del 81% de sus ingresos, según documentos que constan en el sumario. Los conceptos que se están investigando son trabajos relacionados con programas como ‘El Gran Dictat’ o ‘Fish & Chips’. Los agentes han encontrado una factura emitida por otra entidad (Emocional Base) que hace referencia a un casting realizado en realidad por trabajadores de Mediapro, lo cual supone que no existieron estos trabajos de Emocional Base. El objetivo de facturar servicios por duplicado, según los investigadores, supone favorecer el desvío de dinero a terceras personas.

Este movimiento de Pedraz llega después de haber recibido un informe policial en el que se detalla cómo funcionaba el extenso entramado empresarial. Los agentes consideran acreditado que las empresas de Carbó eran sociedades pantalla cuya única voluntad era fragmentar la facturación y desviar el dinero a terceros. No disponía de página web, ni anunciaban sus servicios en ninguna plataforma.

Relación de David Madí

Mossos y Guardia Civil en el informe remitido a la Audiencia Nacional observan cómo las sociedades administradas por Oriol Carbó y las administradas por el expolítico de CDC David Madí -que fue asesor de Mas- comparten metodología respecto a la numeración de las facturas. “Utilizan una codificación que sugiera la posibilidad de que exista un asesoramiento único en cuanto a la emisión de las facturas”, exponen.

Hasta este momento, Madí no está imputado en esta pieza separada, si bien sí lo está en el caso ‘Voloh’, que versa sobre el presunto uso de fondos públicos para financiar el independentismo. Recientemente, el Juzgado de instrucción de Barcelona número 1 ha remitido una parte de este caso a la Audiencia Nacional para que continúe investigándose allí.

El empresario empezó a militar en CDC en 1993 y a colaborar con el expresident Mas con solo 25 años cuando fue nombrado jefe de gabinete de la Consejería de Economía. Pasó por distintos puestos hasta que en 2010 se desvinculó de la política y se cambió al mundo empresarial. En cambio, todo lo descubierto por la Guardia Civil en el operativo llamado ‘Voloh’ reveló que Madí era uno de los cabecillas del núcleo duro organizador del ‘procés’. Fue detenido por esto en octubre de 2020.

Las conexiones entre Triacom y ‘Voloh’

Aunque Triacom comenzó a investigarse en 2018 y la operación ‘Voloh’ estalló a finales de 2020 existe una conexión entre ambos casos por los personajes afectados. Las escuchas telefónicas que la Guardia Civil realizó en el marco de la segunda han servido a los investigadores para ilustrar la relación entre Madí y Brauli Duart, por ejemplo. El primero, propietario de empresas como Nubul Consulting que aparecen en el sumario del caso Triacom, el segundo fue presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que es la que en última instancia decide las adjudicaciones de TV3.

Ambos coincidieron en la Consejería de Interior en los años 90 y desde ahí su relación se mantuvo como revela el sumario de ‘Voloh’. En este caso, la Guardia Civil (casi sin quererlo ya que no era el objetivo de la operación) puso de manifiesto el vínculo entre Duart y Madí y cómo en conversaciones supuestamente hacían movimientos para controlar la Consejería del Interior.

Así se desprende de las grabaciones que constan en la causa ‘Voloh’, a las que ha tenido acceso el periódico, entre las que destacan la que Madí tuvo con el empresario Victor Tarradelles en mayo de 2018 y donde el primero comentaba: “se le tiene que decir (al nuevo Conseller de Interior Miquel Buch) que tiene que contar con el equipo que está allí.... este equipo lleva tiempo escondido debajo de las piedras”. Así como otra dos años después, de septiembre de 2020 entre Madí con Duart, en la que se refieren al siguiente Consejero de Interior Miquel Samper, nombrado ese mismo mes: “Le pedí ‘tu no hagas nada’ hasta que hablemos”, “déjale claro que si pierde la ‘red histórica’ se queda solo”.