El juez del “caso Ghali” cita como testigo a la “mano derecha” de la presidenta de La Rioja

El juez que investiga la entrada de Brahim Ghali en nuestro país el pasado abril ha dado una vuelta de tuerca más a la investigación al citar como testigos al jefe de la Oficina de Presidencia del Gobierno de La Rioja, Eliseo Sastre, y a los responsables sanitarios implicados en el traslado en ambulancia del líder polisario de Zaragoza a Logroño y en su ingreso en el hospital San Pedro.

En total, cuatro testigos a los que hay que añadir otras dos: la que fuera jefa de gabinete de la ex vicepresidenta Carmen Calvo, Isabel Valldecabres, y la actual responsable de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo. Ambas comparecencias fueron aplazadas recientemente por el instructor ante la imposibilidad de llevar a cabo la videoconferencia en el caso de la primera y por problemas para citar a la segunda.

El próximo 5 de noviembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, interrogará a Sastre, mano derecha de la presidenta Concha Andreu (cuya testifical estaba acordada hace semanas pero sin fecha), y al gerente del SERIS (Servicio Riojano de Salud), Alberto Lafuente, así como al jefe de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital San Pedro de la capital riojana, Fernando Martínez Soba, y a la funcionaria del Servicio de Admisiones del centro hospitalario, Olga Llaría, que supuestamente fue la encargada de tramitar el alta hospitalaria de Ghali, que se registró con identidad falsa con un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche.

Días antes, el próximo 29 de octubre -en este caso por videoconferencia, pese a que las acusaciones populares han reclamado al instructor que la comparecencia se celebrase de forma presencial- prestarán declaración como testigos Valldecabres, actual responsable de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y la jefa de gabinete de Marlaska.

El doctor Martínez Soba explicó a la Policía que el pasado 16 de abril el gerente del hospital le comentó que “probablemente necesitará una cama libre en UCI para un paciente Covid que proviene del extranjero, pero que no sabe el día preciso en que iba a llegar, posiblemente el día 17 o 18″ porque “un amigo suyo” le había pedido esa gestión. Es decir, que dos días antes de que Arancha González Laya, entonces ministra de Exteriores, trasladara a su jefe de gabinete, Camilo Villarino (ambos imputados), que se había autorizado la entrada de Brahim Ghali en España, en el hospital San Pedro de Logroño, donde finalmente fue ingresado el pasado 18 de abril enfermo de Covid, ya le buscaban cama.

El responsable de la UCI señaló a los agentes que le sorprendió “que la identidad de Mohamed Benbatouche no se correspondía con los datos que figuraban en estos informes” aportados por el servicio de ambulancia que realizó el traslado. El 22 de abril se enteró a través de la prensa de que el paciente era en realidad Ghali, a quien además “pudo reconocer fotográficamente”.

Lafuente aseguró a la Policía que fue el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre, quien le consultó “si era posible ingresar a un paciente en el hospital” y posteriormente le confirmó el día y el momento que llegaba al aeropuerto de Zaragoza, encargándose él de coordinar el traslado en ambulancia y el posterior ingreso del paciente tanto con el Servicio Riojano de Salud como con el responsable de la UCI del hospital.

El gerente afirmó desconocer el documento que se habría aportado para identificar al paciente (de hecho, los investigadores no pueden determinar si Ghali presentó un pasaporte o una fotocopia) una gestión que realiza el servicio de admisión del centro, un extremo que ahora pretende esclarecer el instructor con estas diligencias.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza intenta esclarecer si se pudo incurrir en prevaricación, encubrimiento y falsedad documental al permitir la entrada en nuestro país del líder del Frente Polisario eximiéndole del control de documentación y aduana.

En cuanto a la que fuera jefa de gabinete de Carmen Calvo, el juez quiere interrogarla para que aclare quién le instó a llamar el pasado 15 de abril (tres días antes de la llegada del líder del Frente Polisario a nuestro país, una acogida por razones “humanitarias” que desencadenó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos) a Camilo Villarino, entonces jefe de gabinete de la ministra de Exteriores Arancha González Laya, también imputada, para preguntarle si sabía algo de la llegada de Ghali.

Del mismo modo, el instructor preguntará a la jefa de gabinete de Marlaska sobre la llamada que efectuó a Villarino el 23 de abril en la que le trasladó (según conto al juez el diplomático) que la Policía Judicial había recibido una orden de la Audiencia Nacional de localizar a Ghali, investigado en dos causas por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal (una de ellas sería archivada tras la declaración del líder polisario ante el juez el 1 de junio). Lasala también quiere esclarecer si Interior estaba al corriente de la llegada de Ghali y si se escoltó la ambulancia en la que el líder polisario fue trasladado de Zaragoza a Logroño, así como si en el hospital San Pedro le estaban esperando agentes.