El CGPJ ve «inaceptable» que Belarra acuse de prevaricación al Supremo

La decisión de la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, de retirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez agravó ayer el choque institucional entre la formación morada y el Tribunal Supremo, que había instado horas antes a la Cámara Baja a ejecutar la inhabilitación del parlamentario.

Hasta tal punto, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que salir en defensa del Supremo tras las acusaciones de «prevaricación» de la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, que afirmó en su cuenta de Twitter que Alberto Rodríguez «fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí» y señalaba al Supremo por «presionar» al Congreso para retirarle el escaño pese a que eso, insistía, «no es lo que dice la sentencia».

En un duro comunicado, la Comisión Permanente (con el voto en contra de tres magistrados) asegura que esas manifestaciones «merecen un absoluto y rotundo rechazo» porque «más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».

El órgano de gobierno de los jueces manifiesta su «profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación, a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido».

EL CGPJ sale en defensa de la «independencia, imparcialidad y objetividad» del Supremo y del resto de tribunales españoles «cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados». Por último, hace un llamamiento a los cargos públicos «a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial».

La reacción de Podemos –que ha anunciado una querella por prevaricación contra Batet– se produjo después de que el presidente de la Sala Penal del TS, Manuel Marchena, aclarase al Congreso que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era «obligada».