«El Rastas»: ni acta ni partido

Tras la polémica generada en los últimos días, Alberto Rodríguez anunció ayer que abandona la militancia en Podemos. A su llegada al aeropuerto de Tenerife –donde fue recibido por más de un centenar de personas al grito de «justicia» y «todas somos Alberto», el ex «número 3» de la formación morada aseguró que «toca cerrar un ciclo» y dar paso a «otro momento personal». Eso sí, insistió en que su condena por agredir a un agente en una protesta contra la política educativa del PP es «un ataque a la democracia» y «la crónica de una infamia», por lo que recurrirá «por supuesto» al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Nunca fue un diputado brillante ni trabajador y solo era noticia por su aspecto físico, peinado a «rastas» alborotado, barba de varios días y sin traje. Pero ha provocado un conflicto sin precedentes entre los tres poderes del Estado, primero entre el Legislativo y el Judicial, y luego una tormenta política dentro de la coalición social-comunista del Ejecutivo. Tras la sentencia rotunda del Tribunal Supremo para retirarle el acta de parlamentario por sus agresiones a un policía, la Mesa del Congreso mantuvo una acalorada reunión en la que la presidenta Meritxell Batet se mostró partidaria de acatar la resolución judicial, pero presionada por los miembros de Unidas Podemos reculó y pidió aclaraciones al Alto Tribunal. Un auténtico y grave galimatías jurídico, una vez que el día antes el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, había remitido un exhorto a la Cámara preguntando cuándo se aplicaría la inhabilitación a Rodríguez. La nueva respuesta de Marchena, bastante malhumorado por dudar de las atribuciones del Supremo y sobre el obligado cumplimiento de la sentencia, forzó a Batet a retirar de inmediato su acta de diputado a Rodríguez.

El enfrentamiento es patente, con profunda división entre los letrados de las Cortes y, según fuentes jurídicas, habría derivado en un delito de desobediencia y prevaricación de Batet, máxima responsable de la decisión final como presidenta del Congreso. Ello desató las iras de la formación morada, que ha decidido presentar batalla y una querella contra la presidenta Batet por prevaricación, delito que también atribuye a los jueces del Tribunal Supremo. El conflicto subió de tono, ya que la propia ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, montó en cólera a través de un tuit y lanzó duras acusaciones, en otro comunicado del partido morado, contra los jueces del Supremo y la presidencia del Congreso, a quienes acusa de «vergonzosa sumisión a las presiones de la extrema derecha». Tales acusaciones provocaron una durísima nota del Consejo General del Poder Judicial considerando inaceptable la actitud de una ministra que se sienta en el Gobierno de Pedro Sánchez. La situación es grotesca, el culebrón no ha terminado y tiene muy preocupados a los constitucionalistas por la tensión entre los poderes del Estado, la ofensiva política de Unidas Podemos contra sus socios en el gobierno de coalición y, por si algo faltaba, la presión de los partidos independentistas.

Entre tanto, Alberto Rodríguez sigue tan fresco a su aire, jaleado por Pablo Iglesias y Echenique en las redes sociales, y por las ministras Irene Montero y Ione Belarra, que denuncian ataques a la libertad de expresión de su compañero, al que califican de «mártir de la democracia». Una vergüenza para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en manos de quienes no respetan las leyes, el sistema y el Estado de Derecho. El propio presidente del Gobierno tuvo que responder desde Bruselas a este escándalo, echó balones fuera y se remitió al respeto e independencia de los poderes legislativo y judicial. Ahora, la inhabilitación de Rodríguez es indiscutible, aunque nadie duda de que sus compañeros morados le buscarán algún puesto de asesor en los ministerios que controlan. Por su parte el PSOE salió en defensa de Meritxell Batet por considerar que se ha limitado a cumplir la ley «una vez despejadas las dudas sobre su aplicación».

Llegó al Congreso rodeado de polémica por su aspecto físico desaliñado, descuidado y con unas llamativas «rastas» de cabello largo y enredado. «Me da igual que lleve rastas, pero que las lleve limpias para no pegarme piojos», dijo la entonces vicepresidenta de la Cámara, la siempre locuaz Celia Villalobos. Por si fuera poco, algunos periodistas criticaron su modo de vestir y advirtieron de que provenían «malos olores» de la bancada de Unidas Podemos. En aquellos días, su líder Pablo Iglesias, y su número dos, Pablo Echenique, lamentaron la falta de respeto contra quienes se visten o peinan diferentes, asegurando que lo que lastra la higiene de un grupo parlamentario es la corrupción. Rodríguez, número uno de Podemos por Tenerife, siguió totalmente a su bola, ajeno a las polémicas, defendió su activismo social y se definió como el diputado «con más marcha» del Congreso. Con un escaso trabajo parlamentario, en junio de 2019 sustituyó a Echenique como secretario de Organización de Podemos.

Hijo de una maestra y un electricista, nació en Santa Cruz de Tenerife, estudió un ciclo de química ambiental y trabajó nueve años como operario en una refinería de petróleo, dónde fue representante sindical. Militante de Izquierda Unida, participó en movimientos sociales, en el sindicato de estudiantes canarios, en protestas contra las guerras y defensa de los derechos civiles. Siempre ha sido todo un agitador y activista social. Fue detenido en 2012 durante las manifestaciones del 15-M y luego absuelto. Llegó al Congreso en 2016 y se convirtió en una «rara avis» parlamentaria, con escasas iniciativas legislativas pero bajo la confianza de Pablo Iglesias. Pero ahora, la condena del Tribunal Supremo le ha dejado sin acta y, también, sin partido.