Rechazada la querella de Vox contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos

El Tribunal Supremo no investigará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación por el cese en mayo de 2020 del coronel Diego Pérez de los Cobos en el cargo de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

La Sala Penal ha rechazado la querella que interpuso Vox contra el titular de Interior. La denuncia se sustentaba en sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que declaró que el cese de Pérez de los Cobos se produjo mediante desviación de poder y como reacción por la negativa del coronel a informar a sus superiores sobre el contenido de la investigación de la causa del 8-M (que mantuvo imputado al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco), en la que el propio instructor “había dado órdenes estrictas de confidencialidad y reserva” a los agentes encargados de la investigación.

Pero la Sala recuerda que la Abogacía del Estado recurrió en apelación el fallo y el recurso fue estimado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que declaró todo lo contrario: que no hubo desviación de poder y que el cese estuvo debidamente justificado por “no informar del desarrollo de las investigaciones”. El tribunal –señala el auto del Supremo- estableció entonces que “la pérdida de confianza es por la no información del desarrollo, no del contenido de investigaciones y actuaciones llevadas a como por la Guardia Civil, todo ello, en el amplio y, a veces, confuso marco operativo y de Policía Judicial”.

No fue el “autor intelectual”

“El acto administrativo no fue adoptado” por Grande-Marlaska -subraya la Sala-, sino por el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil, “por lo que no cabe atribuir la autoría de los delitos” que se imputan (prevaricación y obstrucción a la Justicia) al ministro del Interior por entender que fue el “autor intelectual” del polémico cese, para lo que se necesitarían pruebas “de mayor consistencia”.

“Lo único acreditado -subrayan los magistrados- es que quien dispuso el cese fue la autoridad administrativa a la que correspondía la competencia para ello, sin que se tenga constancia alguna de la intervención del ministro en dicha decisión, por más que pudiera estar de acuerdo con ella”.

A mayor abundamiento, el Supremo recuerda que “ya ha resuelto la cuestión en anterior auto y no existen nuevas evidencias que justifiquen un cambio de criterio, en tanto que los elementos fácticos que se pusieron en conocimiento de este tribunal cuando decretó el archivo son sustancialmente los mismos que se comunican en la querella que da origen a estas actuaciones”.

La decisión del alto tribunal se circunscribe a Grande-Marlaska, que es quien está aforado por razón de su cargo ante el Supremo, al margen de lo que decida “el juzgado competente en relación con la denuncia interpuesta por estos mismos hechos” contra el secretario de Estado de Seguridad y la directora de la Guardia Civil en el momento del cese.