Corrupción

La Audiencia Nacional condena a Bárcenas por pagar en B las obras de la sede del PP

El Tribunal sentencia que el partido es responsable civil subsidiario de Bárcenas por el impuesto de Sociedades de la empresa constructora, pero lo absuelve por delito contra la Hacienda Pública

La Audiencia Nacional ha condenado por la pieza conocida como “Papeles de Bárcenas” al extesorero responsable de la contabilidad B del PP, Luis Bárcenas, a dos años de cárcel. El Tribunal considera que abonó a la empresa constructora que realizó la sede central del PP de Madrid más de un millón de euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial” y, por tanto, que no se declararon a Hacienda. No obstante, le aplica el atenuante de confesión al haber acreditado su colaboración “real, activa y eficaz”.

La Sala de lo Penal en su sentencia condena también al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros de Bárcenas por el Impuesto de Sociedades de Unifica (la empresa constructora) en el año 2007 porque señala que el partido no hizo un control adecuado sobre la gestión del gerente. No obstante, absuelve a la formación como responsable civil subsidiaria del delito contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades de 2008.

Los magistrados consideran acreditada que las donaciones al partido llegaban “a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. De igual forma, fallan que los pagos por la reforma de la sede política en la Calle Génova 13 se sufragaron con este dinero en negro.

La sentencia de 454 páginas condena asimismo al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García a dos años y 9 meses de prisión, así como a una multa de 2,6 millones de euros por esta evasión a Hacienda y falsedad en documento mercantil; si bien absuelve por completo a los otros dos acusados: el exgerente del PP Cristóbal Páez y la empleada de Unifica Laura Montero. Además tampoco considera probados los delitos de asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental de los demás acusados.

El Tribunal relata que ha tenido dificultades a la hora de delimitar los hechos del juicio porque todavía existen abiertas diligencias en instrucción, en concreto el Juzgado central 5 de la Audiencia Nacional trata de acreditar si existió cohecho en las donaciones a la caja B. Explica que todo lo anterior a 2007 ha prescrito.

Bárcenas cooperador necesario

La sentencia con fecha de este 28 de octubre considera a Bárcenas cooperador necesario de un delito continuado de falsedad contable en concurso con un delito contra la Hacienda Pública en lo referente al Impuesto de Sociedades de 2007. Por estos hechos le impone una multa de 1,2 millones de euros. La Sala relata cómo desempeñó el cargo de gerente del PP desde 1990 hasta junio de 2008, periodo en el que gestionó los fondos en metálico aportados por la formación política, así como las donaciones privadas.

El Tribunal ha examinado la autenticidad y veracidad de los conocidos como “papeles de Bárcenas” y ha entendido que sí recogen acontecimientos reales o verosímiles en tanto que se han corroborado con otras pruebas. No obstante, aclara que no todas las anotaciones se han podido comprobar, pero “una parte sí son reales”.

La caja B y las obras

El control de los ingresos lo llevaba Bárcenas personalmente con anotaciones manuscritas y hojas de Excel que es lo que se ha llamado “los papeles de Bárcenas”, indica la magistrada ponente María Fernanda García Pérez. Estos papales no contenían un registro sistemático de entradas y salidas, pero reflejan acontecimientos cuya realidad, para la Sala, ha quedado acreditada como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, las entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el Partido Popular o los pagos por las obras de la reforma de la sede central.

El fallo describe la dinámica llevada a cabo entre la empresa constructora y el partido. Por un lado, se emitían uno o varios presupuestos para las obras de cada planta y, una vez terminada la obra, se emitía la certificación final cuyo importe constituía la base punible de la factura que recogía las reformas. De forma paralela, Bárcenas y Urquijo convinieron que “una parte de los pagos correspondientes a dichas obras serían abonados con los fondos en B” y así se aplicaba un descuento a la constructora de entre un 7% y un 8% por los trabajos abonados, “con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para Unifica en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.