El PP apuesta por más sueldo a los funcionarios en Cataluña

El Grupo Popular en el Congreso presentará una batería de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado con la finalidad de reforzar la estructura del Estado. Los populares apuntan al fortalecimiento, sobre todo, de fiscales, jueces, Policía y Guardia Civil en zonas de España de difícil cobertura como son las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Cataluña o el Campo de Gibraltar. Además, proponen un incremento salarial de 250 euros mensuales para todos los empleados públicos adscritos a Instituciones Penitenciarias.

Según el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el PP argumenta que se propone «la creación de complementos e incentivos» para una serie de colectivos de funcionarios del Estado en determinados territorios en los que «por diversos motivos» las plazas no se cubren y, por lo tanto, « la presencia y las funciones del Estado no se pueden desarrollar con la suficiente calidad». Añaden, además, que en algunos casos incluso su presencia «se ve reducida al mínimo».

En concreto, la formación que preside Pablo Casado llevará a la Cámara Baja un total de cinco enmiendas que se complementan con otras dos relativas a la equiparación salarial y el refuerzo profesional de los funcionarios de prisiones y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Según señalan en el documento se añaden dos nuevas Disposiciones Finales para la modificación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Proponen un complemento de destino en el País Vasco, Navarra y Cataluña. Los populares calculan que la aprobación de estas dos enmiendas afectarían a «unos 845 entre jueces y fiscales en Cataluña». No en vano, el goteo de marcha de jueces se ha cronificado desde 2017, coincidiendo con el momento más álgido del “procés”. Según la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña, desde el mencionado año se han marchado un total de 172 jueces, y actualmente (según el último recuento de finales de 2020), el número de vacantes es de 106 para un total de 837 plazas (es decir, un 12,66%, lo que supone que una de cada 10 unidades judiciales no está cubierta).

Además, proponen un complemento salarial para los funcionarios de la Administración General del Estado en esta comunidad porque «existe un gran número de vacantes al ser una zona en la que generalmente no se concursa». Se beneficiarían de esta medida «unos 11.800 funcionarios», según los cálculos de los populares.

Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las enmiendas que presentarán los populares contemplan la creación de un complemento de destino en Cataluña «similar al existente en el País Vasco» dada la «especial dificultad con la que desempeñan su trabajo y la dificultada para cubrir las vacantes». Favorecería a unos «7.300» agentes. Cabe recordar que sindicatos como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o el Sindicato Unificado de Policía (SUP) llevan años denunciado la presión que ejercen sectores independentistas sobre ellos, lo que llevó a la AUGC a reclamar la declaración de Cataluña como «Zona de Especial Singularidad».

Además, los populares propondrán que este complemento también se aplique a los miembros de la Guardia Civil y Policía destinados en el Campo de Gibraltar «por la dificultad y peligrosidad con la que desempeñan su trabajo así como la dificultada para cubrir las vacantes». Unos 2.140 agentes se beneficiarían de este plus económico. Asimismo, proponen que se aplique a la Guardia Civil que opera en zonas despobladas donde «unos 10.200 agentes» serían agraciados. Según los cálculos del PP, el coste aproximado de los complementos e incentivos de estos funcionarios –jueces, fiscales y agentes– sería de 40 millones de euros.

Por otro lado, llevarán a la Cámara Baja la propuesta de un incremento de 250 euros mensuales para los funcionarios de prisiones con un importe cercano a los 46 millones de euros al año y, por otro lado, exigirán que se aplique el Acuerdo de Equiparación Salarial suscrito en 2018, cuyo coste de la primeras de las tres anualidades que iría en los Presupuestos ascendería a 100 millones de euros.